Nacionales | 08 Abr ¿Pacto contra firmas?
Los colorados están anonadados por la reacción de los partidos Nacional e Independiente a su propuesta de recolección de firmas para plebiscitar la baja de la edad de imputabilidad. “Llama la atención que se unan para impedir que la gente pueda votar”, aseveró Pedro Bordaberry luego que la presidencia del Frente Amplio recibió a los líderes del Partido Independiente para coordinar acciones contra la recolección de firmas.
“Se están juntando para que la gente no se pronuncie contra la inseguridad. Tal vez no debería llamarnos la atención porque van a sacar una ley que no va a respetar lo que los uruguayos votamos dos veces; la última fue en 2009”, dijo a El País. Mencionó que hay dirigentes y votantes blancos y frentistas que ya firmaron. El dirigente frenteamplista de Rivera, Mario Romero, representante de la Agrupación “Andresito Artigas”, decidió sumar su apoyo a la recolección de firmas.
Bordaberry señaló que hace tres años llevaron 50 medidas contra la inseguridad al presidente Tabaré Vázquez, entre las que se encontraban las tres que buscan plebiscitar. “El año pasado presentamos seis proyectos de ley y ni siquiera los trataron. Dijimos que si no se trataban recogeríamos firmas; ahora, cuando se enteran del apoyo de la gente, salen a decir otras cosas”, dijo. Aclaró: “Falta mucho para la campaña, tal vez algunos que empezaron a hacer actos por ahí crean que ya comenzó, no es así”.
Bordaberry también ha sido acusado de violar los acuerdos multipartidarios. En el texto del acuerdo multipartidario sobre seguridad, una cláusula propuesta por el colorado Alberto Scavarelli señala que en los temas en los que no hubo acuerdo, los partidos tienen independencia de plantear lo que entiendan oportuno. “Nunca entendí que a partir de ese acuerdo nos teníamos que callar la boca y nunca más proponer cosas. Pretender que la oposición no pueda realizar planteos no parece ser algo tolerante y democrático”, dijo Bordaberry.
“Asombrado”
Y el ex presidente Julio Sanguinetti está asombrado por la cuestión. “El Partido Colorado está asombrado de que otros partidos se estén reuniendo para hacer una especie de pacto frente a una propuesta propia. Nunca habíamos visto eso en la vida política”, afirmó. En declaraciones a Canal 4, sostuvo: “no entiendo, los partidos de oposición que se están abrazando a lo peor de las políticas de gobierno, que es la política de seguridad pública. El gobierno tendrá muchas cosas buenas, regulares, o malas, pero se abrazan a la peor. No lo puedo entender. El Partido Colorado todo está en esta posición. Lo resolvió su convención”.
Aceptaría controles
El coordinador nacional de Inteligencia, Augusto Gregori, se reunió con los partidos de la oposición para transmitir el respaldo del gobierno a la propuesta de colocar bajo contralor parlamentario las actividades de todos los servicios de inteligencia del Estado. El presidente José Mujica le había pedido la renuncia a Gregori pero después le dio un plazo de 30 días para reunirse con las distintas bancadas y acordar el control parlamentario.
Gregori entonces se reunió con los presidentes de las comisiones de Defensa de ambas cámaras, el senador Sergio Abreu y el diputado Javier García, ambos nacionalistas, y con el independiente Iván Posada, para informar sobre su actividad y la intención de mejorar el intercambio de información con el resto de los servicios estatales de inteligencia. Por último, Gregori recibió al diputado colorado José Amy, también de la comisión de Defensa y autor de un proyecto de ley que establece controles sobre el funcionamiento de la inteligencia, entre ellas la necesidad de informar regularmente a la Asamblea General.
Según informó El País, Gregori le trasmitió a Amy que Mujica y él están de acuerdo con el control político. Amy también le indicó que el Partido Colorado está de acuerdo con la existencia de este cargo, que fuera creado en la anterior ley de Presupuesto aprobada durante el gobierno de Tabaré Vázquez y recién provisto por Mujica. Gregori también aspira a la creación de una comisión específica sobre inteligencia en ambas cámaras, según Amy.
En la cuerda floja
El Movimiento de Participación Popular (MPP) inició contactos con otros sectores frenteamplistas para pasar al Tribunal de Conducta Política al senador Jorge Saravia, si vota en contra de la anulación de la ley de Caducidad. Fuentes del MPP informaron al matutino antes citado que se hicieron consultas con la Vertiente Artiguista y el Partido Socialista para encontrar apoyo a la idea, para luego concretar la expulsión del senador de la coalición. Saravia, por su parte, se mantiene firme en su postura de votar en contra del proyecto interpretativo de la ley de Caducidad. Aseguró que seguirá dentro del Frente Amplio como un “independiente”, luego que quedó “liberado de las ataduras del Espacio 609”, y apoyará al gobierno “en las cosas que están bien y en las que hay fracasos se va a tener que aportar como se ha hecho siempre”.