Opinion | 08 Abr Mientras el Partido Colorado, a impulso de Vamos Uruguay, recoge rápidamente miles de firmas de ciudadanos para incorporar por reforma constitucional, en 2015, la baja de la edad de imputabilidad para delitos graves cometidos por menores entre los 16 y los 18 años, todo indica que por fin el sistema político y fundamentalmente la fuerza de gobierno se dispone a recoger planteos dirigidos en el mismo sentido, pero de una forma más integral, planteados desde hace tiempo en el Parlamento por el Partido Nacional, a efectos de abordar seriamente el problema de la inseguridad.
Es así que el Frente Amplio aceptó mantener los antecedentes judiciales de los menores infractores, fruto de un acuerdo impulsado por el senador Jorge Larrañaga para votar antes del 31 de mayo un conjunto de medidas para combatir la inseguridad pública, y ayer la Asamblea General analizaba el documento acordado por una comisión bicameral integrada por los cuatro partidos con representación parlamentaria.
Entre otros aspectos esta comisión definió la creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente y cambios al Código de la Niñez a fin de combatir la delincuencia juvenil, que serán parte de un proyecto de ley que se sancionará antes del 31 de mayo, en tanto en un proyecto posterior, y luego que se cierre la negociación en la interna del Frente Amplio, se propondrá mantener los antecedentes penales de los menores una vez que cumplan la mayoría de edad.
Y si bien la recolección de firmas es cuestionada por el Frente Amplio, el Pit Cnt, un sector del Partido Nacional y el Partido Independiente, evidentemente decenas de miles de ciudadanos de todos los partidos, han encontrado un canal para expresarse y manifestar su protesta contra este estado de cosas, contra la inacción del sistema político respecto a una problemática que afecta a todos los sectores de la población en mayor o menor medida.
Ocurre que más allá de los cuestionamientos respecto a que en el mejor de los casos, esta “solución” de rebaja de la edad de imputabilidad se instrumentaría recién a partir de 2015; de si se reúnen las firmas suficientes –como se descuenta—y que el plebiscito sea aprobado, el proceso de recolección de firmas ya ha tenido efecto de presión para que fructifique en una discusión dentro de la fuerza de gobierno, donde hay sectores que siguen aferrados a esquemas ideológicos y que se han opuesto sistemáticamente a modificar la legislación y el statu quo de la problemática de la minoridad infractora.
En este contexto, el acuerdo alcanzado en la comisión bicameral contempla la creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente, como un órgano desconcentrado del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) con autonomía administrativa y técnica, el que se ha constituido en una pieza fundamental dentro del esquema propuesto, desde que probadamente el INAU ha fracasado en la contención y rehabilitación de los menores, que entran por una puerta y se escapan por la otra en los “hogares” que dependen de este instituto.
El acuerdo también establece modificaciones al Código de la Niñez aconsejando sancionar la tentativa y complicidad de hurto con medidas alternativas a la privación de libertad, y la eventual extensión de la penalización de la complicidad y tentativa en los delitos graves, así como la extensión de 60 a 90 días del plazo que tienen los jueces para dictaminar sentencia.
Independientemente de estos puntos, se mantendrán por determinado período los antecedentes de los menores autores de delitos graves, que actualmente se borran automáticamente al cumplir los 18 años, y se agravará la responsabilidad de los mayores que hagan participar a menores en hechos delictivos.
En esta ley estarían contemplados dos de los tres puntos que plantea el Partido Colorado en su propuesta de reforma constitucional: la creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente, y mantener los antecedentes de los menores. Sin embargo, no contempla bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años, aunque los impulsores de las medidas subrayan que desde el punto de vista práctico esto no agrega nada a lo ya existente.
Pero el plebiscito, al fin de cuentas, ha tenido el efecto positivo de sacudir modorras y aplacar reticencias dentro del propio gobierno, advertido de que podría recibir una dosis de su propia medicina en una consulta popular en la que la ciudadanía es convocada a decidir sobre un tema que le toca muy de cerca y sobre lo que hay prácticamente unanimidad en la población.