Opinion | 09 Abr
En agudo contraste con la celeridad con que se trató y se está promoviendo la ley que anula, deroga o interpreta la Ley de Caducidad, todavía no se ha llegado a los acuerdos en el oficialismo para aprobar el proyecto de Ley de Asociación Público Privada, pese a los planteos del equipo económico de gobierno y del propio presidente José Mujica para contar con este instrumento de desarrollo.
Es decir que en esta evaluación en la interna de la fuerza de gobierno se han perdido las referencias entre lo prioritario, lo que es importante para el país y el futuro de los uruguayos, priorizando el interés de una minoría de la ciudadanía, mientras que la mayoría restante ya se manifestó en contra a lo que se pretende derogar en dos sendos plebiscitos.
En este caso, la ley en proceso de aprobación para contar con mayorías requeridas en el Parlamento apunta fundamentalmente a generar inversiones a través de privados, en asociación con el Estado, para llevar adelante obras de infraestructura que necesita el país para consolidar el crecimiento con desarrollo, es decir hacer sustentables los elementos que se nos han presentado en la coyuntura económica favorable.
Entre otros proyectos, figura entre los objetivos de la ley nada menos que la construcción de un puerto oceánico, una iniciativa que es materia pendiente en el Uruguay desde hace más de 100 años; mejorar la red vial en apoyo a la producción; la modernización de las vías férreas; parques eólicos; represas hidroeléctricas; cárceles rehabilitadoRas; hospitales; liceos; laboratorios para facultades. Es decir, una serie de emprendimientos para los que el Estado no cuenta con recursos ni posibilidades de inversión directa.
La denominada Ley de Participación Público-Privada (PPP) fue remitida al Parlamento por el Poder Ejecutivo en noviembre pasado, por lo que lleva unos cinco meses en tratamiento legislativo, manteniéndose todavía las diferencias en el seno de la coalición de izquierdas respecto a sus alcances, en tanto mucho después ingresó la ley de “interpretación” de la Ley de Caducidad promovida por los sectores radicales y el Pit Cnt y, sin embargo, bajo presión y voluntad política se impusieron consensos para definirla y aprobarla tan pronto sea posible.
Es claro que hay algunos elementos de la norma que coliden con los sectores más radicales –y no tanto— de la fuerza de gobierno, cuya razón de ser ha sido desde siempre la lucha de clases y el Estado todopoderoso, aunque incluso durante la Administración Vázquez se lograron ciertos avances a través de concesiones a particulares, como es el caso del mantenimiento de carreteras nacionales.
Ello fue posible porque Uruguay ya cuenta con un régimen vigente con instrumentos jurídicos que permiten la ejecución de obras y servicios por particulares con el Estado, como es el caso de la Ley de Concesión de Obra Pública Nº 15.637, pero este instrumento ha quedado desactualizado y retrasado ante el desafío que debe afrontar el país para promover inversiones que resultan insostenibles para el Estado.
Una ley de las características que se promueve conlleva una sistematización en conceptos, procedimientos, competencias, responsabilidades institucionales, garantías e incentivos con vistas a mejorar las posibilidades de inversión privada, a través de un marco de mayor seguridad jurídica.
Por supuesto, no hay ninguna ley perfecta, y tampoco es el caso de esta, de acuerdo a los términos de su diseño, y seguramente será objeto de correcciones, enmiendas y mejoras en el Parlamento. Pero lo que sobre todo no corresponde es que por motivaciones ideológicas de minorías aferradas a los ‘60, en que el mundo se ponía en blanco y negro, se siga retrasando al país y se nieguen instrumentos jurídicos que se necesitan imperiosamente para superar rezagos históricos e incentivar a los inversores.
Una ley por sí no es la panacea ni es garantía de desarrollo, pero lo menos que puede hacer el gobierno es favorecer las inversiones allanando el camino respecto a dificultades, procurar márgenes razonables de garantías y compromisos para establecer posibilidades de una razonable rentabilidad para quienes arriesgan su capital, que no es por un fin “altruista”, como bien señalara recientemente el presidente José Mujica, pero que es parte de las reglas de juego que funcionan en los países en serio.
La fuerza de gobierno sabe como hacer las cosas con celeridad. Ya lo ha demostrado. Sería bueno que también disponga de esa voluntad para hacer lo que realmente le importa a todo el país, para asegurarnos un futuro en lugar de seguir llorando sobre el arcón de los recuerdos.