Opinion | 10 Abr La marcada conflictividad que se da en varios sectores del quehacer nacional responden a una problemática variada, aunque generalmente con el común denominador de reclamos de aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo que son atendibles, con la salvedad de que estas demandas deben evaluarse en el contexto de la realidad que vive el país, que no es uniforme. Pero en ciertos casos suele primar quien tiene más capacidad de presión y chantaje sobre las empresas y el gobierno, con o sin razón, y es el que suele llevarse la parte del león.
Esta premisa no se compadece con un principio de equilibrio y justicia, y ello explica que haya sectores, como la banca, empresas públicas, entes del Estado y el Parlamento, donde se pagan muy buenos salarios, y a la vez hay áreas mal pagas y con muchas responsabilidades, tanto dentro del Estado como en el sector privado.
Lamentablemente, el Poder Ejecutivo ha creído que volcándose por la parte en teoría más débil estaría tironeando a favor de una mejor redistribución de la riqueza, pero ocurre que el Estado nunca fue un buen árbitro, porque lejos de la imparcialidad que debería tener, en este caso ha flechado la cancha, lo que no ha obstado para que el mismo tiempo no mida con la misma vara las situaciones en la esfera pública y los conflictos en el área privada, donde a su juicio siempre hay paño para cortar y mejorar los salarios.
No puede extrañar que ante estas señales estemos ante una conflictividad sindical sostenida, en algunos casos con reclamos que son de justicia y otros no, y lo que es peor aún, no siempre con posibilidades de satisfacer esas demandas sin a la vez generar una distorsión en la ecuación económica de las empresas y/o consecuente traslado de los mayores costos a los consumidores de bienes y servicios, con efecto inflacionario, porque nada es gratis ni se crea de la nada.
De ahí que en el marco de estas presiones –en algunos casos verdaderos chantajes con la población como rehén— se hayan dado conflictos como en el supergas, donde el desabastecimiento en todo el país ha operado como elemento distorsionante en procura de obtener lo reclamado, en base a la premisa de que el fin justifica los medios, y que es lícito sacrificar a la población en aras de la causa superior.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Alfonso Varela, razona para el diario El País que “las situaciones más complicadas se han dado en sectores que tienen mucha exposición pública y gran impacto mediático, como es el caso de los supermercados y el supergas, básicamente. El tema del supergás siempre es delicado por la cantidad de actores que participan en las distintas etapas del proceso, y los supermercados porque hoy son los mayores empleadores del país y la conflictividad que se daba antes en la industria se está trasladando hacia ahí”.
Conjeturó el entrevistado que en este momento hay una alta demanda “y existe la presunción, por parte de algunos, de que un mayor volumen de ventas supone mayor rentabilidad, lo cual no siempre es así”.
Amplió señalando que “lo que está pasando es que hay un crecimiento del volumen de negocios pero también crecen los costos y hay una inflación en dólares muy grande. Los márgenes, con estos costos, se reducen”, por lo que en buen romance, no es oro todo lo que reluce y en un mercado de libre competencia el ceder a las demandas va comprometiendo cada vez más al empresario, con el consecuente riesgo de que la empresa deje de ser competitiva y se ponga en peligro la fuente de trabajo.
Por supuesto, este problema no se presenta en el caso del Estado, donde las empresas que arrojan déficit igual se sostienen en base a sus monopolios o a los recursos que se detraen compulsivamente a la sociedad para solventarlas, aunque no reditúen ningún beneficio para el ciudadano que las financia sin poder elegir.
Un claro ejemplo además del doble discurso de los gobernantes lo tenemos en el caso de los conflictos laborales en el Estado, desde que el gobierno sancionó un decreto por el cual se prohíben las ocupaciones en los lugares públicos de trabajo, donde también está contemplado el derecho de huelga, y en cambio este derecho no rige para los privados, que sí deben soportar ocupaciones como una extensión lícita de la huelga, en una contradicción que no resiste ningún análisis serio.
Ante un planteo de los empresarios en este sentido en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el organismo internacional sostuvo que en caso de registrarse una ocupación el gobierno debería garantizar la entrada del personal que quisiere trabajar y también a la dirección de la empresa, pero eso no está ocurriendo.
A esta altura de los acontecimientos, en el Poder Ejecutivo ya se debería haber asumido que la razón no está siempre de un solo lado, como se ha pretendido hacer ver hasta ahora, que no hay derechos automáticos por más simpática que parezca la causa, y que debe tenderse hacia un equilibrio en base a la normativa vigente, en un marco de neutralidad, porque el país es la suma de todos sus actores, ocupen el lugar que sea, y no siempre quien más grita en el reclamo es el que tiene la razón.