Opinion | 15 Abr Aún no apagadas las discusiones en torno a la media sanción dada por el Senado a la reforma de la Ley de Caducidad, que le quita el espíritu de la misma, refrendada por dos veces por la mayoría de los electores uruguayos, surge en el firmamento la posibilidad de una ley que habilite el voto consular, aunque en 2009 fue rechazado un plebiscito que pretendía habilitar el voto en el extranjero.
Hay claramente un matiz diferente en esta nueva propuesta, aunque el fondo de la cuestión sigue siendo el mismo. El voto consular habilita a abrir mesas receptoras de votos en todas las sedes consulares y diplomáticas del país en el extranjero. Los suscriptores, por tanto, deben trasladarse a los consulados y sufragar allí, lo que siempre fue criticado por quienes residen en el exterior. El plebiscito rechazado habilitaba el voto epistolar, precisamente el sistema que los uruguayos en el exterior prefieren.
De todas maneras, más allá del sistema que pudiera utilizarse, lo que realmente debe tomarse en cuenta a la hora de definir si los uruguayos en el exterior tienen derecho a votar, o si deben residir en el país para hacerlo, debe partir de un pensamiento “a lo uruguayo”, como en tantas cosas.
En Uruguay hay unos 2,5 millones de electores, y si bien no hay un número claramente determinado de uruguayos que pudieran votar si se aprobara un mecanismo legal, el Departamento 20 los estima en medio millón al menos. Una quinta parte del total. Pero más allá del número potencialmente elevado frente a los que aquí viven, hay otro tema que es más importante aún. No hay ninguna duda en cuanto a la cuestión de nacionalidad. Los que afuera están son tan uruguayos como los que están en el paisito. Pero sí puede discutirse en términos de ciudadanía, pues es posible integrar una nación pero no tener los derechos políticos implícitos en la condición de ciudadano. Y es la ciudadanía y no la nacionalidad, la verdadera fuente de los derechos políticos.
Por ejemplo, los uruguayos en el extranjero no están sujetos a las leyes de Uruguay, ni se hacen responsables de las consecuencias de sus decisiones electorales. La gran pregunta entonces resulta si es justo que quienes viven en el exterior terminen incidiendo –o hasta determinando-- en la selección del elenco, en la agenda y en las políticas de un gobierno que no los va a afectar. Son consideraciones que deben tenerse en cuenta y que de hecho tuvo en cuenta el 62% de los votantes uruguayos que rechazó el plebiscito en 2009.