Opinion | 14 Abr En las últimas horas el Senado de la República, con el voto de 16 de los 17 senadores del Frente Amplio, dio media sanción al proyecto que anula la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aunque al costo de disidencias que han derivado en la renuncia del senador Eleuterio Fernández Huidobro y prácticamente la expulsión de su colega Jorge Saravia, quienes se pronunciaron en contra de la postura de su partido en esta instancia.
En realidad el proyecto deja sin efecto los artículos 1°, 3° y 4° de la ley de Caducidad, vigente desde el 22 de diciembre de 1986, y determina en los hechos la anulación de la ley, es decir que se pretende hacer de cuenta que nunca ha existido, lo que atenta contra el principio jurídico de la no retroactividad de las leyes. Además, de interpretativa no tiene nada, al anular la norma y ser por ende inconstitucional.
De esta forma, prácticamente los legisladores del Frente Amplio han inventado una máquina del tiempo jurídica: retrotraen todo a 1986 y pretenden hacer de cuenta que nada ha pasado desde entonces en torno a la problemática de la que trata la norma, lo que es una aberración desde todo punto de vista, en tanto cargan sobre la Justicia el fardo de tratar de discernir en un berenjenal en el que claramente lo que ha primado es el revanchismo.
Por cierto, todo indica que los que se sientan afectados por la “retroactividad” apelarán ante la Suprema Corte de Justicia y por ende se traslade al Poder Judicial una responsabilidad que ha sido generada por extremismos ideológicos de una minoría que, como quedó claramente demostrado en esta instancia, es la que gobierna al país.
En el caso de la sesión del Senado en la que el oficialismo aprobó la norma, hubo tres disidencias: la del senador Fernández Huidobro, quien votó a favor por “disciplina partidaria” pero se manifestó en contra de dejar sin efecto ley de Caducidad y anunció su renuncia al cargo; la de Jorge Saravia, quien votó en contra por conceptos similares pero se mantiene en la banca, y Rodolfo Nin Novoa, quien se pronunció en contra pero solicitó licencia para no votar y dio entrada a su suplente.
Tres postulas similares, tres formas distintas de actuar, pero a fuerza de ser sinceros debemos señalar que quien realmente actuó de acuerdo a sus convicciones fue Saravia, por cuanto respaldó su pensamiento con un voto contra la ley, y no se quedó solo en las declamaciones, por más atendibles que sean las otras posturas.
En cambio el senador Fernández Huidobro se vio moralmente obligado a renunciar públicamente a su banca tras votar contra sus convicciones, a favor de una norma que a su parecer tendrá consecuencias negativas para Uruguay y sus instituciones democráticas, solo por imposición del partido al que pertenece, tal como se desprende de sus propias palabras en el Senado.
Es decir que en cierta forma, este pronunciamiento podría decirse que es inválido, puesto que al menos uno de los votos se logró bajo presión y manifiestamente sin consentimiento del votante. En un paralelismo, es como si se declarara válida la confesión de un crimen obtenida mediante torturas, lo que resulta paradójico considerando la ley que se pretende anular. Respecto a la actuación del ex vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, suponemos que lo habrá considerado bien antes de humillarse de esa manera.
Pero sobre todo lo que está en juego es que se desconocen de ex profeso dos pronunciamientos populares en respectivos plebiscitos celebrados en 1989 y en 2009, específicamente promovidos por el propio Frente Amplio para derogar o anular la Ley de Caducidad, más allá de la opinión que se tenga sobre la controvertida ley.
Ésta nació como una ley de amnistía, en los hechos, más o menos simétrica a la amnistía que fuera aprobada en 1985 para permitir la liberación de guerrilleros encarcelados por la dictadura y personas perseguidas por su ideología, lo que es inadmisible dentro de un régimen democrático.
El tema fue plebiscitado dos veces y la ciudadanía decidió que la ley quedara firme, gustara a quien gustara, porque surge del mandato popular inapelable. Lamentablemente, quienes han proclamado una y otra vez que la voluntad popular debe buscarse en forma permanente a través de consultas y respetarse a rajatabla, tratan de revertir el resultado de las urnas a las que en su momento apelaron, atropellando y desconociendo estos pronunciamientos.
Peor aún, tal aberración obedece a la voluntad de una minoría dentro de las minorías, pero con el poder suficiente en la fuerza de gobierno para obligarla a pasar por arriba en el Senado lo que el pueblo sentenció en las urnas. Al ignorarse la expresión del soberano, se transita un camino muy peligroso y da la pauta de que hay siempre iluminados a los que importa un comino el pueblo soberano, que demuestran que no han aprendido nada de las lecciones de la historia y no se sienten a gusto respetando las reglas de juego de la democracia. Tal como reza el escudo chileno: “Por la razón o la fuerza”.