Opinion | 15 Abr En más de una oportunidad, durante su reciente visita a Paysandú, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, se refirió a la necesidad imperiosa de que el país cuente con un instrumento válido que permita crear infraestructura mediante la participación privada, en alusión a la Ley de Participación Público-Privada (PPP), sobre la que todavía no parece haber acuerdo en el gobierno y consecuentemente no se ha pasado a la aprobación de la norma por el Parlamento.
Reconoció el secretario de Estado que el Presupuesto Quinquenal establece un monto de 500 millones de dólares para su secretaría de Estado, lo que considera insuficiente para las necesidades de infraestructura del país, incluyendo el mantenimiento y remodelación de obras viales, entre otros emprendimientos para los que el Estado, que detrae recursos de todos los uruguayos, no cuenta con medios económicos ni instrumentos financieros para llevarlos a cabo por sí solo.
En este aspecto, la ley de asociaciones público-privadas vendría a llenar un vacío legal para propiciar que se generen figuras adecuadas para la participación y la gestión de los proyectos en estas áreas, sobre todo teniendo en cuenta que el grueso de las inversiones será volcado a la dotación de infraestructura logística, lo que resulta vital para un país que se asienta sobre la producción agropecuaria de productos primarios, de gran volumen y bajo valor relativo, en los que por ejemplo el flete y el acceso en tiempo y forma a los puertos de salida resulta vital en el esquema de costos para competir.
Ello no quita que naturalmente el Estado haga las veces de catalizador de las inversiones, es decir que dé el primer paso y genere condiciones e infraestructura de base que por efecto sinérgico promueva con el tiempo los emprendimientos privados que la potencien y la hagan regenerativa, como está ocurriendo con el transporte fluvial y la sostenida reactivación que se observa por ejemplo en el puerto de Paysandú y las perspectivas de complementación con otras terminales, como la de Concepción del Uruguay para el transporte de contenedores.
El Dr. Pablo Moya, licenciado en Economía de la Universidad de la República, socio director de Oikos Consultora Económico Financiera, al analizar este tema para el suplemento Economía y Mercado, del diario El País, evaluó que lamentablemente las urgencias se anteponen a proyecciones de inversión pública, es decir que se distraen recursos en atender urgencias por imprevisión en lugar de promover acciones que sean removedoras en aspectos estructurales.
Incluso consideró que para materializarlo “hay una primera restricción en el déficit fiscal del uno por ciento actual y proyectado para el corto plazo. Además es probable que se destine parte de los ingresos fiscales para hacer política monetaria a efectos de contener la inflación. Por tanto la posibilidad de generar fondos excedentarios para destinar a la inversión pública está muy condicionada. Es indudable que las urgencias se anteponen a las proyecciones de inversión de largo plazo”.
Amplió además que “si el Poder Ejecutivo lograse la aprobación del proyecto de ley de participación público privada, cuya consideración en el Parlamento no va a estar exenta de un largo tratamiento, se contaría con un mecanismo idóneo para concretar importantes obras de infraestructura que no ejercería presión sobre las finanzas del Estado y que permitiría un crecimiento más sostenible en el mediano y largo plazo”.
La visión del economista coincide con los elementos de reflexión que hemos propuesto en muchas oportunidades en esta columna de opinión, porque por un lado ya no hay “espacios fiscales”, y por otro se mantienen las necesidades cada vez más imperiosas en materia de infraestructura. Y en realidad, lo que está paralizando el tratamiento de la PPP es la postura de determinados sectores dentro del gobierno que suelen reflejar la opinión de grupos de presión y lobbies que rechazan de plano toda participación privada, como es el caso de las organizaciones gremiales que nuclean a los funcionarios públicos.
Ante la disyuntiva de incorporar infraestructura a través de la coparticipación con privados o quedar atados a la disponibilidad de recursos del Estado, cuesta poco inferir que en aras del interés general y no de los sectores que se oponen a todo lo que no sea estatal, para su propia conveniencia, la fuerza de gobierno debería acelerar este proceso parlamentario, desideologizándolo en lugar de seguirlo frenando porque los “socios” político-sindicales no están de acuerdo con perder parcelas de poder o porque de alguna forma puede haber riesgo –que por supuesto no lo hay- de perder la comodidad en las condiciones de trabajo de sus inamovibles puestos dentro del Estado.