Opinion | 18 Abr Con rebuscados argumentos impresentables, que no podrían convencer a nadie que, dejando de lado las pasiones, analizara la realidad de nuestro país, los senadores de la fuerza de gobierno, con serias disidencias internas y en algún caso de mala gana, resolvieron anular la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, por considerar que no responde a la tradición del país en materia de derechos humanos, pero obviando, como si fuera un tema menor, que la ley fue refrendada en dos ocasiones por la ciudadanía, y que el actual vicepresidente Danilo Astori y el ex presidente Tabaré Vázquez habían señalado que la respetarían. Es decir que el fondo del asunto, más allá de los alcances de la controvertida ley, que sin embargo fue aplicada en varias oportunidades por el ex presidente Vázquez y el actual, es que la mayoría oficialista del Senado --como todo indica lo hará también la de la Cámara de Diputados-- se considera competente para enmendarle la plana a la expresión popular surgida de las urnas, es decir arrogándose el rol exclusivo de “interpretar” lo que la mayoría del pueblo uruguayo quiere, aunque éste se exprese de forma contraria en plebiscitos que en su momento habían sido convocados por quienes hoy precisamente están ignorando la expresión del electorado en las urnas.
“Casi nada lo del ojo”, por aplicar una expresión del refranero popular, pero por si fuera poco, los mismos que promovieran este zafarrancho democrático ahora van por “el otro ojo”. Así se desprende del hecho de que esté en marcha la iniciativa promovida también desde el Frente Amplio, en el sentido de aprobar una norma que permita votar a los uruguayos que viven en el exterior, esta vez por la vía del voto consular, luego que la ciudadanía rechazara en octubre de 2009 una normativa que apuntaba a concretar una normativa similar, junto con la anulación de la ley de Caducidad.
De prosperar la iniciativa legal, los uruguayos en el exterior deberán concurrir al consulado más cercano, en los que se habilitarían circuitos para recibir el voto. Se trata de un instrumento en el que la fuerza de gobierno deposita expectativas haciendo caso omiso de que solo el 38 por ciento de los uruguayos, es decir un porcentaje incluso menor al que obtuvo el propio Frente Amplio en esa oportunidad, se pronunció a favor de la idea.
Pese al claro mandato de las urnas adverso a esta propuesta, hay sectores de la coalición de izquierdas que van en la misma línea que la “ley interpretativa” de la Ley de Caducidad, e intentan incorporar la norma legal para habilitar el voto consular, aunque para presentar el proyecto aguardarán que se calmen las aguas tras la tensión política generada por el episodio de la Cámara de Senadores, que ya ocasionó la renuncia de un senador, el voto en contra de otro y el pedido de licencia de un tercero en la propia fuerza de gobierno, al considerar precisamente como un hecho violatorio de la Constitución que se desconozca el mandato expreso de la ciudadanía en dos plebiscitos.
“Estamos a la espera de que termine toda esta movida por el voto de la Ley de Caducidad para luego comenzar a actuar sobre esto”, admitió Brenda Falero, integrante de la Comisión Nacional por el Voto de los Uruguayos en el Exterior. Este grupo solicitó una nueva reunión con la Cancillería para recibir el texto que está elaborando el Poder Ejecutivo y esperar que en junio ya se presente el proyecto.
Esta insistencia de la fuerza de gobierno, en cuanto a obtener por la vía legislativa en base a su mayoría lo que la ciudadanía rechaza en las urnas, es una postura harto peligrosa, una expresión de soberbia y una clara demostración de que hay resabios de intolerancia y autoritarismo en quienes se consideran exclusivos intérpretes de la voluntad popular, que ya actuaron borrando con el codo lo que escribieron con la mano en ocasión de la anulación de la Ley de Caducidad refrendada por los ciudadanos y van por atosigar con una segunda taza al ciudadano que ha dicho que no quiere caldo.