Opinion | 19 Abr Las noticias capitalinas dan cuenta de un hombre que se encuentra grave y con quemaduras en gran parte de su cuerpo en el Centro Nacional del Quemado tras resultar electrocutado y caer al piso cuando se encontraba robando cables del tendido eléctrico. No es el primer caso y probablemente tampoco sea el último. El hurto de cables del alumbrado público tampoco es algo que ocurra exclusivamente en Montevideo.
Aquí mismo en Paysandú, así como en otros departamentos, organismos públicos como Antel y UTE y las intendencias deben enfrentar este problema para el cual desde hace varios años se reclama una solución, que bien podría venir a partir de la instrumentación de restricciones legales a la exportación de cobre.
Increíblemente Uruguay es el segundo exportador mundial de cobre entre los países no productores de este mineral. ¿De dónde salen esas exportaciones? No hace falta ser demasiado imaginativo para al menos suponer que buena parte viene seguramente de los robos del metal desde cables y transformadores y cualquier otro objeto existente en la vía pública que lo posea y pueda ser reducido. Por otra parte, los reclamos gremiales y oficiales de organismos públicos, como es el caso de Antel, sustentan la misma teoría.
Tiempo atrás el gobierno anunció que prohibirá la exportación de cobre. El tema viene siendo objeto de atención desde hace años e incluso han sido presentados en el Parlamento proyectos de ley para prohibir, suspender o restringir la exportación de cobre y aluminio con la finalidad de desestimular el robo de cable y artefactos con estos metales.
Contar con esa restricción o prohibición seguramente contribuirá a ordenar las cosas y también sería importante contar con el registro obligatorio de quienes comercian cobre y la existencia de indicadores de trazabilidad del producto para poder identificar de dónde proviene realmente el metal de esas transacciones. Pero también en las fronteras es importante controlar el contrabando, puesto que de otra forma Paysandú seguirá siendo un gran “exportador informal” de metales.
Hoy por hoy, el mercado del cobre no sólo genera conductas delictivas y accidentes como los que mencionábamos al principio sino que le cuesta al Estado más de 100 millones de dólares por año, así como el refuerzo de vigilancia policial en diferentes zonas. De alguna manera, son costos que pagamos todos. Se impone una solución.