Presidente de la junta

Locales | 19 Abr El presidente de la Junta Departamental, edil Arturo Terra, refirió a gestiones realizadas ante solicitud de los 30 trabajadores portuarios, quienes cumplen pocos jornales al mes y ello no les permite alcanzar el mínimo para poder acceder a la seguridad social ni a la cobertura médica del Fonasa.
Días pasados una delegación del deliberativo departamental, integrada por los ediles Julio Kniazev, Dino Dalmás, Hermes Pastorini, Nelda Teske, Walter Meireles, Verónica Bica y Arturo Terra en calidad de presidente del cuerpo, fue recibida por los directores de la Administración Nacional de Puertos, Juan José Domínguez y doctor José Pedro Pollak. Estuvieron presentes también el director de Puerto, Luis Costa y en representación de los trabajadores portuarios, Daniel Fernández y Willington Vallejo.
Terra indicó que “el planteamiento del tema derivó en que saliera a luz una contradicción del Estado, lo cual todos estuvimos contestes de que hay que ir eliminando: por un lado se invierte dinero en subsidios a gente que no trabaja, se prorrogan seguros de desempleo a personal de empresas que entraron en dificultades y se conoce de antemano que muchas de ellas no volverán a ser viables. Por otro lado, hay un reclamo generalizado de falta de mano de obra especializada en la industria de la construcción naval y para las actividades portuarias en general. Para ello también el Estado esta procurando invertir adecuadamente en capacitación”.
“De allí que nuestra propuesta -añadió el presidente de la Junta- fue que se atiendan las necesidades de esta gente que quiere trabajar y está especializada. Por lo que no es necesario invertir en capacitación con ellos. Especialmente para no correr el riesgo de que se vayan a trabajar en otras actividades y luego, cuando venga el aumento de demanda laboral, haya necesidad de invertir en capacitación de los nuevos trabajadores que se contraten”.
Asimismo, enfatizó en que “todos dicen que la actividad portuaria tendrá un aumento seguro. Si es así, esta inversión es de bajo riesgo pues ‘el puente’ que se propone para mantenerlas será hasta la no muy lejana reactivación, que es algo seguro. En la reunión surgió que este planteo no es nuevo, dado que en ocubre de 2010 el Sindicato de Portuarios (Supra) había solicitado apoyo y aún no le han dado una respuesta. Entendemos -añadió- que los tiempos son demasiado pesados para personas que quieren y saben trabajar”.
Añadió que “el planteamiento tuvo muy buena receptividad en los directores de la ANP, manifestando que recién tomaban conocimiento del tema. Dijeron que están muy condicionados por la maraña de normas e institutos vinculados, a lo cual la delegación sostuvo que es un gasto que lo tiene que hacer el Estado buscando algún mecanismno para dar otros trabajos, de forma que les permita a los obreros llegar a los jornales necesarios para acceder a los beneficios sociales”.
“Hubo concidencia que ese costo no podía recaer sobre la empresa operadora privada porque, además de no existir normas legales habilitantes, se arriesgaba ponerle una carga adicional al costo-país que posibilemente haga que ella se retire del mercado en este puerto. Los productos que se transportan por vía fluvial son muy sensibles al costo del transporte y cualquier aumento puede incidir en que se le sustituya por el carretero o por la operación en el puerto”.
El presidente de la Junta Departamental sostuvo “insistimos en que la respuesta debía ser rápida dada la gravedad que para el puerto sanducero podría ocasionar no encontrarse una solución a este problema, que los directores de la ANP prometieron estudiar y darle una respuesta”.