Opinion | 21 Abr Desde la Federación Uruguaya de Magisterio se denunció que la existencia de una serie de trabas burocráticas no solo modifica hábitos en las escuelas sino que perjudica de diversas formas a los maestros.
El asunto es que de acuerdo a una circular emitida en 2009 por la Dirección de Hacienda del Consejo de Educación Inicial y Primaria, los directores de las escuelas públicas deben exigir ante cada gasto o compra que se haga para los centros, además de las boletas de pago, un certificado de que la empresa que vendió los productos esté al día con el Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI).
En la práctica, esta exigencia “tranca mucho” y “termina afectando” los procedimientos. En declaraciones efectuadas a El Observador, el secretario general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Gustavo Macedo, ejemplificó diciendo que “cuando el maestro sale de paseo con los niños a cualquier parte del país, generalmente pasan todo el día afuera y si van a almorzar a un restaurante, al momento de pagar piden la boleta y además deben exigir el comprobante de que ese restaurante está al día con BPS y DGI. En el mejor de los casos el certificado lo tiene el contador de la empresa, pero ese papel puede no estar en el lugar. Y peor si es de una sucursal de una empresa en Montevideo. Allí lo que pasa, es que como el maestro no puede entregar ese comprobante, no puede justificar el gasto como gasto de la escuela y lo termina pagando de su bolsillo”.
Muchos maestros ya no sacan fotocopias en los kioscos cercanos a las escuelas, ni disfrutan con los niños de tomar un helado en los paseos al Interior. O si lo hacen, lo pagan de su propio bolsillo, agregó.
Por otra parte, el hecho de que las escuelas pidan la constancia de estar al día con el BPS y la DGI molesta a algunos proveedores y, en algunos casos, comercios chicos o proveedores de servicios que colaboraban con algunas escuelas han dejado de hacerlo. Según el sindicalista, si los directores no cumplen con la exigencia de entregar los comprobantes, son pasibles de sanciones que pueden llegar al sumario.
Seguramente la exigencia ha sido impuesta con la intención de dar más transparencia a la gestión de los dineros públicos que se destinan a las escuelas y el manejo que de ellos se hace en las mismas. No obstante, parece excesivo que recaiga en ellas exigir constancias del BPS y DGI, una tarea que no les corresponde y que, por otra parte, las distrae de sus cometidos esenciales.