Opinion | 24 Abr Durante su reciente visita a Paysandú, el subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Patrone, destacó que su cartera analiza los planes de vivienda presentados por la Intendencia de Paysandú, que prevé construir 250 viviendas en terrenos municipales y otra cantidad similar en terrenos de los propios beneficiarios, en el marco de acciones coordinadas para generar soluciones en esta área para sectores de menores ingresos.
La problemática de la vivienda, como es notorio, se caracteriza por un déficit que arrastra nuestro país desde hace décadas, por cuanto se han conjugado factores adversos como el alto costo de la construcción con ingresos bajos en promedio, y a la vez con el agravante de que por muchos año rigió una Ley de Alquileres por la que se intentó sobreproteger a la parte más débil, es decir el inquilino, pero sin tener en cuenta que se desestimuló la inversión inmobiliaria y por ende se terminó perjudicando a quienes se intentaba defender, como ocurre por lo general con las políticas voluntaristas.
Llegamos por lo tanto a un 2011 en el que, evidentemente, el déficit se ha agudizado, por más que difieran los datos sobre el real déficit acumulado en viviendas, que se estima igualmente entre 80.000 y 100.000 unidades habitacionales, en tanto en la administración del Dr. Tabaré Vázquez el problema no se atacó porque no figuró entre las prioridades de su gobierno, embarcado en determinadas políticas sociales.
En el gobierno de José Mujica, y concretamente a través del Ministerio que encabeza Graciela Muslera, se pretende promover una coparticipación más efectiva con los gobiernos municipales, en conjunción de esfuerzos entre el gobierno nacional y los departamentales dentro de sus respectivas competencias, aunque debe tenerse presente que el área de la vivienda es un área de neto cuño nacional y precisamente se recaudan impuestos por más de una vía para volcarlos a dar respuestas a sectores carenciados de la sociedad.
Patrone dijo a EL TELEGRAFO que “estamos esperando realizar la coordinación con la Intendencia, que ya ha presentado sus planes de necesidades de viviendas al Ministerio y ahora deberemos iniciar el trabajo de armonización de las demandas y compatibilización de recursos”, a la vez de considerar que “las intendencias departamentales tienen que jugar un rol fundamental en lo que respecta a contar con carteras de tierras para desarrollar planes de vivienda, porque si no hay tierras disponibles para esto en los departamentos, muchas veces no podemos desarrollar nuestros programas por la carencia de territorio”.
Recordó también que la Ley de Ordenamiento Territorial otorga a las intendencias un papel clave en esta materia y que de acuerdo a lo votado en el Presupuesto Quinquenal, a partir del 1º de enero de 2012 la ayuda central del gobierno en cuanto a planes de vivienda debe estar avalada por un plan de ordenamiento territorial de las intendencias “ya que no se trata de poner viviendas en cualquier lado o de cualquier manera”.
Es decir que en el marco de esta vasta problemática, donde los recursos juegan un papel fundamental, como en tantos órdenes, intervienen factores adicionales para lograr un mejor uso del dinero y de los recursos humanos, desde que no corresponde levantar viviendas en cualquier lado, sino que toda acción de este tipo debe enmarcarse en un plan de ordenamiento territorial, para facilitar el acceso a servicios como alumbrado, caminería, agua potable, saneamiento, y a la vez promover la tipología adecuada para que al fin de cuentas no se generen barrios marginales en los hechos, pese a que se trate de complejos construidos con todas las formalidades del caso.
Igualmente, si bien es pertinente que las intendencias aporten tierras en base a los planes territoriales, el gobierno nacional por su lado también debe contar con terrenos para facilitar la construcción de unidades habitacionales, como se ha hecho además en otras décadas, y no debe olvidarse por ejemplo que la explosión de complejos cooperativos que tuvo Paysandú sobre fines de la década del 60 y principios de los 70, se hizo en base a la cartera de tierras que tenía el Banco Hipotecario del Uruguay, la cual ya se ha agotado.
Asimismo, es notorio que hay organismos del Estado que son propietarios de una gran cantidad de edificios y predios que no utiliza, muchos de los cuales están ubicados en zonas que cuentan con todos los servicios, por lo que debería promoverse el traspaso y compra de propiedades al Ministerio de Vivienda, para que el Estado en su conjunto, esto es tanto en el orden nacional como departamental, aporte y comparta esfuerzos, dentro de sus respectivas competencias, para generar proyectos en cantidad y calidad que den realmente respuestas a estas necesidades básicas, en el marco de políticas sustentables y sin que cada administración de gobierno pretenda traer su solución mágica, que no existe.