Paysandú, Domingo 01 de Mayo de 2011

Brincadeiras Políticas

Nacionales | 29 Abr ¿Crédito colorado?
Seguramente el líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, anda celebrando las repercusiones de su campaña de recolección de firmas para un plebiscito para bajar la edad de la imputabilidad. Es que la oposición atribuyó la remoción de Jorge Jouroff como director del Sistema de Medidas para Jóvenes en Infracción (Semeji) a la presión que se está ejerciendo con la campaña.
Legisladores de la oposición consideraron que, por primera vez en seis años de gobierno del Frente Amplio, se hizo hincapié en los reclamos de la población en materia de seguridad y control de los menores que cometen delitos. Bordaberry dijo a Últimas Noticias que el hecho que la gente esté firmando las papeletas provocó una reacción por parte del gobierno. “Comenzaron a hacer operativos policiales en los barrios más peligrosos, ponen su mirada en los directores del INAU por las recurrentes fugas y ajustan los plazos para que se aprueben medidas para combatir la inseguridad”, afirmó el senador. “Todo esto es por nuestra iniciativa de recolectar firmas y es por eso que les pedimos a los uruguayos que sigan firmando y que el gobierno sea permeable a lo que quiere la gente”, agregó.
Señaló que desde el episodio ocurrido en 2005, con trece menores fugados de la Colonia Berro y al entonces diputado Eduardo Lorier como su chofer, “los fracasos en la materia se vienen sumando”. “La remoción de Jouroff no es suficiente, pero es una señal de que el gobierno comienza a estar arriba de las cosas. Hay un cambio de actitud que está bueno y es necesario”, acotó. Opinó que el oficialismo centró sus fuerzas en avasallar el pronunciamiento de la ciudadanía en el tema Caducidad y se olvidó de la seguridad. “Este tema no es prioridad del Frente Amplio. Les importa más el aborto y la marihuana”, dijo. “El gobierno le da la espalda a la gente y no escucha sus reclamos”, añadió.
“El efecto Pedro”
Pero no solo Bordaberry opina que la remoción de Jouroff es una consecuencia de la campaña colorada. Una fuente del Poder Judicial dijo a El Observador que la decisión tiene un nombre: “Es el efecto Pedro”. Es que la campaña colorada ya está en 125.000 firmas, la mitad de las necesarias para convocar a un plebiscito. Además, se sumó el líder nacionalista Luis Alberto Lacalle y representantes del sector del transporte, de Cambadu y de las asociaciones de farmacias.
Pide reacción
El senador nacionalista Jorge Larrañaga también habló de la remoción de Jorge Jouroff y dijo a Últimas Noticias que quedaron en evidencia las serias irregularidades en los hogares del INAU. “No sabemos los detalles del relevo, pero no es posible que los menores entren y salgan de los lugares de reclusión como perico por su casa”, señaló. “Si se fugan es porque se fracasa con las medidas actuales”, agregó.
Abogó para que el gobierno reaccione y dé celeridad a todas las medidas que “aseguren mejoras en la seguridad ciudadana”. Dijo que el Partido Nacional exigirá al gobierno el cumplimiento de lo acordado a nivel de la Comisión Bicameral de Seguridad Pública, que contó con la participación de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. “Demandaremos que antes del 31 de mayo se vote la ley que permita la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación --para mí, la cárcel adolescente-- así como el mantenimiento de los antecedentes al cumplirse la mayoría de edad y la aplicación de penas más severas en los delitos gravísimos como homicidio y violación”, afirmó.
Visita al Parlamento
El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, y el dirigente nacionalista Juan Andrés Ramírez serán algunos de los que comparecerán la próxima semana en la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados, en el marco de los contactos con especialistas y protagonistas del proceso político que determinó el envío del proyecto interpretativo de la ley de Caducidad. Informa La República que los colorados de la comisión mocionaron que Almagro acuda para informar sobre el argumento esgrimido por la delegación uruguaya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, las opiniones de los legisladores que integran la comisión siguen siendo dispares. El diputado oficialista Aníbal Pereyra reconoció que la norma que sería aprobada el 20 de mayo tiene falencias jurídicas “como todas las leyes” y que las recomendaciones de los catedráticos en cuanto a que el proyecto “no es infalible” para resolver las cuestiones generadas por la vigencia de la ley de Caducidad.
El diputado nacionalista Gustavo Borsari resaltó que “otra vez el 99% de los uruguayos estamos, como en los años ‘70, siendo rehenes de negociaciones que se vienen dando entre combatientes de un lado y del otro. Somos ajenos --­insistió--­ en las posibles soluciones a temas que vienen discutiendo los combatientes; entonces”. Y el colorado Gustavo Cersósimo piensa que las sugerencias de los catedráticos señalan que “la ley no es interpretativa sino innovativa” a la Caducidad.


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