Nacionales | 25 Abr “Los operativos son adecuados”
El Frente Amplio apoyó los operativos de “saturación” que el Ministerio del Interior ordenó en tres “zonas rojas” de Montevideo al considerar que el Estado “tiene que estar presente” en todos los barrios de la capital, pero la oposición sostiene que se trata de razzias.
En los últimos 18 días, la Jefatura de Policía de Montevideo realizó tres operativos de “saturación” en barrios considerados problemáticos de la capital utilizando un total de 170 efectivos. En total, en los tres operativos, fueron detenidas 145 personas y cuatro fueron procesadas.
El diputado José Bayardi (VA) dijo que “los operativos son adecuados, porque no se puede admitir la existencia de zonas en que el Estado y las fuerzas policiales no estén presentes”. En ese sentido, el legislador remarcó que este tipo de acciones policiales cumplen una función preventiva y represora del delito para evitar lo que sucede en las favelas de Río de Janeiro. Además, Bayardi indicó que “las directivas son claras y lo que se está haciendo es la prevención a través de la eliminación de armas, tratando de identificar los eventuales lugares donde se concentran pertenencias robadas”. Según dijo, los operativos se realizan en el marco del Código del Proceso Policial y ofrecen todas las garantías para los residentes de los barrios en los que se ingresa. “No se puede hablar de razzias si hay una orden judicial de realizar un operativo determinado”, dijo.
“Operativos al barrer”
La oposición cuestiona la efectividad de los operativos que se realizan “al barrer”. El senador del Partido Nacional, Carlos Moreira (Alianza Nacional) dijo que los operativos “son razzias” y adelantó que convocará al ministro Bonomi al Parlamento para que explique los objetivos de los mismos.
Los operativos también recibieron cuestionamientos de jueces. El juez Roberto Timbal dijo que la Policía no le informó de 57 detenciones en la Cruz de Carrasco. “A mí me dieron cuenta de unos 30. Yo no mandé detener a nadie. Di una orden de allanamiento y la cumplieron para detener a un requerido del interior del país”, indicó el magistrado. Un juez penal dijo que “no sé por qué se hacen estos procedimientos; no sé cuál es el objetivo”. Mientras tanto, otro magistrado consideró que el resultado de los procedimientos “dependerá de la coordinación que la Policía haga con la Justicia, si es que se hace”.
“Es una idea que
no me parece buena”
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Leslie Van Rompaey, se mostró en contra del proyecto de ley que legaliza el autocultivo de marihuana para consumo personal porque, entre otras cosas, podría fomentar su venta.
Aunque dijo que “no tengo una opinión muy formada sobre el tema”, si indicó que desde que “se dice que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas” de manera personal entiende que “es una idea que no me parece buena ni que contribuya a nada positivo, aunque tampoco tengo mayores objeciones desde el punto de vista jurídico, pero tengo todo el derecho a opinar que el proyecto no me gusta”. Y aunque no está seguro “si fomentará el consumo de marihuana o si va a fomentar la plantación para otros fines más allá del consumo personal” destacó que “es una sustancia adictiva y, pese a que no tengo información acabada sobre el punto, pienso que puede causar efectos negativos sobre la salud psíquica de las personas”. Además, se pronunció a favor de aumentar las penas para los traficantes de pasta base. En cuanto a los operativos del Ministerio del Interior, dijo que hay que esperar para “ver su repercusión en el índice de criminalidad” y señaló que la SCJ no descarta consultar a los jueces penales para conocer su opinión al respecto.
Contra la baja de edad
Leslie Van Rompaey, presidente de la SCJ también se mostró contrario a la baja de la imputabilidad a 16 años. “Mantengo mi opinión respecto a que la baja de la edad de imputabilidad penal de los 18 a 16 años es un tema que recién estaremos en condiciones de discutir holgadamente cuando el INAU o el organismo que se cree a tales efectos esté en condiciones de contener, capacitar y rehabilitar a los menores infractores. Y en ese sentido creo que discutir la imputabilidad es innecesario, porque el punto fundamental es ése”, dijo.
En cambio puso énfasis en el funcionamiento interno del INAU, al preguntarse “si el INAU hubiera cumplido en los últimos años adecuadamente con su función de contención, rehabilitación y capacitación de niños y adolescentes para la vida en sociedad, se estaría discutiendo la idea de bajar a 16 años la imputabilidad”. Aseguró que la recuperación del menor infractor “no es una gestión tan imposible, porque dentro de la Colonia Berro, en el Hogar Ituzaingó, que es para chicos internados por hechos graves, los índices de recuperación son altísimos y los porcentajes de fuga son bajísimos, y eso lo vi yo mismo hace algunos años. Y eso no debe ser algo tan difícil de emular o imitar. Entonces, no sé si se requerirán grandes inversiones”.