Opinion | 28 Abr En las últimas horas el Directorio del INAU (Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay) cesó al gerente de los centros de reclusión de menores, Jorge Jouroff, por “negligencias” en el traslado del infractor “El Talibán” y las fugas de tres internos de un hogar inaugurado hace 27 días.
“A partir de hoy fue cesado Jouroff. El rescate del ‘Talibán’ y las fugas fueron los últimos hechos que desbordaron el vaso. Pero ya habíamos identificado problemas de gestión del Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (Semeji)”, dijo a El País el director del INAU, Dardo Rodríguez.
El Semeji es una dependencia del INAU que reúne a centros con privación de libertad ubicados en Montevideo y en la Colonia Berro, y en la noche del miércoles 13, “El Prandon”, “El Ricky” y otro menor se fugaron del Centro de Medidas Cautelares (Cemec) luego de limar los barrotes de su celda con una sierra. “El Prandon” había sido internado por un homicidio, una tentativa de asesinato, rapiñas, hurtos y desacato. En tanto, “El Ricky” tiene 88 expedientes de rapiñas y no cumplió la pena por ninguna.
“Se tenía conocimiento que los internos fugados pertenecían a una banda. No eran chiquilines aislados y se los puso porque sí en una misma celda”, dijo Rodríguez.
Agregó que la fuga de los menores se produjo a la hora 23. “Es decir, no es una cosa que sucedió a las tres de la mañana cuando todo el mundo puede estar durmiendo. Pero nadie sintió ningún ruido” en el centro.
A las 11 del martes 19, seis días después de la fuga del Cemec, “El Talibán” fue rescatado por dos menores en moto cuando era trasladado desde el Hogar Puertas al Hogar Desafío a visitar a su hermano allí internado. Tras desenfundar armas de fuego, los delincuentes detuvieron la camioneta del INAU y realizaron dos disparos hasta que se llevaron al adolescente.
Insólitamente “El Talibán” visitó a su hermano en tres oportunidades en una semana y media, y pese a que el adolescente había cometido delitos violentos, el menor no contó con custodia policial para su traslado.
Estos hechos son apenas una muestra respecto a la forma prescindente, liviana y hasta irresponsable con que se maneja el tema de la minoridad infractora en nuestro país, porque el INAU no solo no rehabilita, sino que tampoco retiene a menores que son delincuentes consumados, homicidas, violadores y/o rapiñeros, y además se les sobreprotege y se les trata como si fueran inofensivos. Ello explica que se den episodios como los mencionados, entre cientos y cientos de situaciones de diferente tenor que se dan al año en el marco de una problemática que lamentablemente ha sido soslayada por buena parte del sistema político, sobre todo de la fuerza de gobierno.
Sin embargo, al estar en marcha una campaña –al parecer muy exitosa-- de recolección de firmas para incorporar a la Constitución la rebaja de la edad de imputabilidad a los 16 años para delitos graves, es evidente que existe una presión de la opinión pública a través de esta vía que exige respuestas y ya ha logrado un canal de expresión para su protesta. La gente no quiere más cuentos, quiere respuestas ahora, y aunque para esta presunta “solución” deba esperar a 2015, el mensaje al sistema político es directo y enfático: “hagan algo”, si no quieren el voto castigo justo en forma coincidente con las elecciones nacionales, cuando resulte difícil disociar este reclamo de plebiscitar la propia gestión de gobierno.
Hasta ahora el Poder Ejecutivo y la mayoría del Parlamento desde la Administración Vázquez se han ocupado demasiado en poner a los victimarios como víctimas, cuando todos sabemos que la problemática es mucho más compleja que este esquema simplificado. Aún en el supuesto que la razón esté de su lado, no es posible seguir esperando a que las políticas sociales que supuestamente solucionarán el problema de raíz surtan efecto en las próximas décadas; es imprescindible actuar en lo inmediato con la dureza y urgencia que la situación amerita, porque de otra forma seguiremos padeciendo de este flagelo por demasiado tiempo.