Opinion | 30 Abr De acuerdo a una evaluación del Banco Central del Uruguay, un factor que está empujando sin dudas la inflación es el crecimiento de la masa salarial en determinados sectores, debido a que se han acordado aumentos por encima de la inflación y sin un incremento de la productividad, lo que genera por supuesto un doble elemento de recalentamiento de la economía: mayor cantidad de dinero orientado al consumo por estos sectores beneficiados con mayores ingresos, y por otro lado un mayor costo para las empresas, que deben trasladarlos a precios de bienes y servicios.
Los perjudicados resultan al fin de cuentas los trabajadores menos organizados y los que desempeñan actividades en áreas del tramado socioeconómico que han quedado al margen de estos aumentos salariales adicionales, precisamente por corresponder a trabajo de carácter marginal, con escasa demanda de capacitación y especialización, muchas veces además en el sector informal.
La entidad rectora en materia monetaria indica que los acuerdos salariales alcanzados por empresas y trabajadores en la última ronda de Consejos de Salarios contribuyen a generar presiones sobre los precios debido a que varios sectores no respetaron los lineamientos oficiales y pactaron ajustes desligados de la productividad y de los objetivos antiinflacionarios.
A pesar que en la negociación tripartita “el gobierno impulsó pautas consistentes con la reducción de la inflación y el mantenimiento de la competitividad de los sectores comercializables” la autoridad monetaria reconoce “que en algunos sectores se han acordado incrementos por encima de la inflación que no están atados a incrementos de productividad”.
No debe perderse de vista que los Consejos de Salarios, como ámbitos de negociación, recogen una excesiva presión de los grupos mejor organizados, que tienen alta capacidad de chantaje sobre las empresas y el propio gobierno, y por ende hay hijos y entenados en la negociación, más allá de las pautas que fija el gobierno y que como en este caso, son desestimadas por la capacidad de presión y movilización de los sectores que se llevan la mejor tajada en un ámbito que en su esencia pretendía ser un eje de negociación equilibrada y tendiente a mantener en un pie más o menos de igualdad a las partes. Llama entonces la atención la sorpresa de las autoridades en un aspecto del cual el Ejecutivo es en buena parte responsable, puesto que si las empresas acordaron salarios demasiado altos fue porque la presión del Gobierno se hizo sentir en ese sentido, ya sea porque su representante en los Consejos de Salarios estaba alineado con los gremios o mediante formas menos notorias, pero igualmente efectivas.
La realidad ha demostrado que con la anuencia y muchas veces apoyo explícito del gobierno priman los gremios radicales y obtienen ventajas en la negociación, a costa no solo de las empresas, sino de todos los otros trabajadores a los que éstas trasladan los precios de bienes y servicios ante el mayor costo de producción por el factor salarial.
No puede extrañar, como da cuenta El Observador, que las empresas consideran que el incremento de costos es el principal desafío a enfrentar en el corto plazo, según surge de la Encuesta de Expectativas Empresariales realizada en marzo por la consultora Deloitte, la que indica además que se considera que la inflación se ubicará por fuera del rango oficial.
Y pese a que la visión empresarial sobre la macroeconomía sigue siendo positiva, casi el 70 por ciento considera que el incremento de costos es el desafío principal que limita las posibilidades de mejorar la rentabilidad y que además existe una acentuada rigidez laboral, con fuerte sindicalización y escasez de personal calificado.
Debe tenerse presente que en el esquema de funcionamiento de las empresas están influyendo fuertemente los elevados precios de la energía y servicios del Estado, así como la presión tributaria y carga fiscal, a lo que se agrega un fuerte incremento en dólares de los salarios, un elemento particularmente negativo para las firmas que trabajan para el mercado exterior o sustituyendo importaciones.
Los incrementos salariales por encima de la inflación no serían un problema de mayor entidad si a la vez éstos estuvieran ligados a una mayor productividad, que permitiría como contrapartida una reducción en costos por unidad, pero este elemento prácticamente ha sido descartado en las negociaciones de los consejos y por lo tanto se suma al espiral de insumos que empujan costos e inflación.
Un elemento fundamental para frenarla es una mayor productividad, pero al soslayarse los acuerdos sobre esta base se está agregando leña a la hoguera de la inflación, que siempre perjudica a los sectores de menores ingresos y conspira contra la competitividad de nuestros productos, si se tiene en cuenta que se conjugan inflación en dólares, depreciación de la divisa y fuerte gasto público.
Ello hace que el Estado busque más y más recursos en los sectores reales de la economía a través de la presión fiscal, constituyendo un escenario que resulta inestable y plantea incertidumbres que están lejos de despejarse, más allá de la bonanza coyuntural.