Opinion | 29 Abr Al fin salió humo blanco tras los conciliábulos de la bancada oficialista, y ante la urgente necesidad de infraestructura que tiene el país, los legisladores de la fuerza de gobierno acordaron que el próximo 12 de mayo se vote en Diputados el Proyecto de Participación Público Privada, que constituye una iniciativa destinada a cambiar la pisada en la gestión del Estado.
En este caso el proyecto permite la asociación estatal con privados para la construcción de infraestructura, pero a la norma inicial se le introdujo una serie de cambios que en algunos casos fueron propuestos por la oposición pero también recogiendo observaciones de integrantes de la bancada frenteamplista, por lo que se tiene la expectativa de que se pueda lograr una ancha base de apoyo interpartidario.
La idea del gobierno es que si se logra acelerar el proceso legislativo, a fines de 2011 se pueda disponer de esta herramienta de suma utilidad y contar por lo menos con el apoyo del Partido Nacional y el Partido Independiente a la hora de alzar las manos en el Parlamento, aunque hasta última hora se han manifestado reticencias en algunos sectores del partido de gobierno.
En reciente Consejo de Ministros presidido por José Mujica hubo consenso respecto a que la ley de Participación Público Privada debería tener un carácter revulsivo a partir de su vigencia, a efectos de poder atacar con decisión las serias carencias que tiene el país en materia de infraestructura, sobre todo a partir de necesidades viales y obras pendientes para atender problemas logísticos que se han presentado a partir del crecimiento explosivo de la agricultura y las explotaciones forestales, al llegar al crecimiento necesario para su utilización como materia prima.
Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Presupuesto Quinquenal establece un monto del orden de los 500 millones de dólares para su secretaría de Estado, lo que se considera insuficiente para las necesidades de infraestructura del país, incluyendo el mantenimiento y remodelación de obras viales, entre otros emprendimientos para los que el Estado, que detrae recursos de todos los uruguayos, no cuenta con medios económicos ni instrumentos financieros para llevarlos a cabo por sí solo.
Un ejemplo reciente en cuanto a su manifestación, pero que se reedita año a año a partir precisamente del crecimiento de la producción de productos primarios, lo tuvimos en Nueva Palmira, donde la semana anterior se registró el atascamiento de cientos de camiones que estaban esperando para cargar y descargar en la terminal portuaria. Esta problemática fue abordada específicamente por el presidente José Mujica en la reunión de ministros y fue puesto como ejemplo respecto a las urgencias en generar inversiones en esta área a través de instrumentos como la Ley de Participación Público Privada.
También el titular de la referida cartera, Enrique Pintado, aludió al tema y dijo que “pueden ocurrir nuevos atascamientos hasta que no se encuentre una salida al problema”, que no es sencillo de solucionar sin dinero y este es el aspecto que precisamente no está en condiciones de cumplir el Estado por sí solo.
En este sentido, la Ley de Participación Público Privada vendría a llenar un vacío legal para propiciar que se generen figuras adecuadas para la participación y la gestión de los proyectos en estas áreas, teniendo en cuenta que el grueso de las inversiones será volcada a la dotación de infraestructura logística, lo que resulta vital para un país que se asienta sobre la producción agropecuaria de productos primarios, de gran volumen y bajo valor relativo, en los que por ejemplo el flete y el acceso en tiempo y forma a los puertos de salida resulta vital en el esquema de costos para competir.
El transporte fluvial a partir de la complementación de los puertos del Litoral, la reactivación y reestructura a fondo del ferrocarril, y la mejora de la red vial, entre otras áreas, son ejemplo de las necesidades inmediatas en infraestructura, que han sido postergadas todos estos años por urgencias que se han priorizado respecto a acciones removedoras en aspectos estructurales, y ello ha conspirado contra lo importante, que es sustentar el crecimiento económico con desarrollo.
Y aunque se utilicen como sinónimos en muchas ocasiones, son dos aspectos distintos aunque vayan de la mano, por cuanto el crecimiento puede darse en forma coyuntural, en tanto el desarrollo implica remover estructuras vetustas para proyectarse al futuro y hacerlo sustentable, y este es precisamente el desafío que debe abordarse en forma impostergable.