Nacionales | 07 May “Como un panqueque”
La intervención del presidente José Mujica en el tema del proyecto interpretativo que anula la ley de Caducidad sigue dando que hablar. Y también el apoyo del ex presidente Tabaré Vázquez al argumento de que sancionar el proyecto puede tener costos políticos-electorales al Frente Amplio. El senador nacionalista Jorge Larrañaga le pegó duro a Vázquez al afirmar que “se dio vuelta como un panqueque”.
Larrañaga aseguró sentir desconcierto por la “marcha y contramarcha” del gobierno en torno al tema. Dijo “ponderar como positiva la iniciativa de Mujica y Astori” pero aclaró: “lo medular debería ser que se está infringiendo la Constitución de la República y se está vulnerando el pronunciamiento de la ciudadanía y no el costo político-electoral que pueda traer la aprobación de la anulación de la ley”. “Que no se vengan ahora con inventos y fórmulas que contradigan la voluntad de la ciudadanía porque yo no llevo ninguna fórmula de ninguna ingeniería jurídica que vaya en contra de los dos pronunciamientos populares”, señaló.
El ex intendente sanducero sostuvo que le “extraña la situación de Vázquez”, porque en el acto del Frente Amplio del 21 de marzo, el ex presidente “le pidió a los legisladores que votaran la ley interpretativa”. Incluso expresó que “las mayorías se pueden equivocar” y que “no siempre tienen que tener la última palabra en una democracia”. “Resulta que ahora, milagrosamente, como decía mi abuela, se da vuelta en el aire como el panqueque y cambia de posición”, afirmó.
El motivo de Mujica
El líder colorado Pedro Bordaberry, por su parte, criticó al presidente Mujica. “Lo increíble es el motivo de Mujica, si aprobamos esta ley la oposición nos va a cuestionar y eso va a tener consecuencias electorales. O sea, que para Mujica lo importante no es que está desconociendo el voto de los uruguayos sino que eso puede tener consecuencias electorales”, publicó en su cuenta en Twitter, según informó La República.
Anteriormente había aludido a la base del pensamiento de Mujica al estimar que “el FA aparecerá ante el pueblo como pasándole por encima a dos decisiones plebiscitarias”. El legislador se preguntó: “¿Ahora se dio cuenta?”
Mientras que el senador colorado José Amorín afirmó que los argumentos de Mujica para no aprobar la ley “muestran el desgobierno en que vive el país”. La preocupación del presidente no es ir contra la gente ni violar la Constitución, sino ver si pierde las mayorías para que el Frente siga en el gobierno”, indicó.
Que cumpla su rol
Y los que siguen molestos por este tema son los sindicalistas. El Pit-Cnt reclamó a los legisladores del Frente Amplio que asuman el “rol” para el que fueron elegidos. En una declaración, el Secretariado Ejecutivo dice que “los últimos acontecimientos ponen en duda la votación” del proyecto interpretativo. “Seguimos apostando a que los representantes elegidos por nuestro pueblo, asuman el rol que les fue delegado y aprueben el próximo 19 de mayo la ley que repara en parte los daños ocasionados al libre ejercicio de la Justicia”, señala.
Edgardo Oyenard, responsable del área de Derechos Humanos del Pit-Cnt, dijo a El País que a partir de ahora “seguramente” la relación de la central obrera con Mujica no será la misma, y afirmó que si el Frente Amplio no vota la anulación de la ley de Caducidad “rendirá cuenta ante el pueblo”. La central sindical mantiene el paro general fijado para el 19 de mayo, día en que se vota el proyecto en la Cámara de Diputados.
A ventilar los números
Algunos funcionarios seguramente estarán alertas y haciendo movimientos. Es que, de aprobarse un proyecto a estudio del Parlamento, será público el estado patrimonial de unos 11.000 funcionarios estatales. Si bien la Junta de Transparencia y Ética Pública recibe y archiva las declaraciones juradas de miles de funcionarios públicos, actualmente solamente se hacen público el patrimonio del presidente y el vicepresidente.
Informa El País que esto puede cambiar si el Parlamento aprueba el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo le envió el 23 de febrero y que está a estudio de la Comisión de Constitución del Senado. Uno de los cambios es que los funcionarios con cargos de relevancia que están obligados a presentar declaración jurada, deberán establecer en la carátula del sobre un resumen del promedio mensual de sus ingresos de los últimos 12 meses y de los totales de su activo y pasivo patrimonial, incluyendo su cuota parte en la sociedad conyugal o concubinaria de bienes en su caso. La información de la carátula estará disponible a cualquier interesado.
“La Junta saliente elaboró un trabajo muy detenido y en profundidad en el sentido de aumentar la transparencia y en lo que tiene que ver con las declaraciones de patrimonio, hacerlas de conocimiento público a todos los funcionarios que la ley determina, en el orden de 11.000. Pero eso requiere aprobación parlamentaria”, expresó Luis Yarzábal, miembro de la Junta Anticorrupción, como se la conoce popularmente.