Opinion | 08 May La conformación y sobre todo el perfil del Parlamento, ha registrado continuos cambios a lo largo de las décadas, los que en gran medida han respondido a las características de cada partido político y a las respectivas mayorías determinadas por el soberano.
Por encima de las circunstancias electorales, la tónica que sin solución de continuidad han presentado nuestros parlamentarios, que se ha acentuado en los últimos años, refiere a que su formación está reflejando cambios que se formulan imperceptiblemente en nuestra sociedad. Así, tenemos cada vez menos universitarios, sobre todo abogados, y cada vez más representación política, lo que tiene a la vez repercusión en el trabajo que se desarrolla en ambas cámaras.
Así, un informe elaborado por el suplemento Qué Pasa de El País, indica que mientras hay cada vez menos abogados, se duplicó la cantidad de senadores que no son universitarios. En este período se trata de 130 parlamentarios que ocuparán sus bancas hasta el 14 de febrero de 2015 y a quienes corresponderá definir el futuro de leyes trascendentales como la de asociación con privados, la despenalización del aborto o la interpretativa de la Ley de Caducidad, entre otras iniciativas que se irán sucediendo en el quinquenio.
A través de un cuestionario, y con respuestas anónimas, la publicación ha recabado datos personales de los legisladores, de los que surge que por ejemplo la mayoría de los parlamentarios vive en la faja costera que va del centro de Montevideo a Ciudad de la Costa (el 72%, según el relevamiento), en especial en Pocitos y Punta Carretas, lo que indica que pese a que la mitad proviene del Interior, solo una parte de éstos reside habitualmente en sus lugares de origen y por lo tanto, quiérase o no, la capital va absorbiendo la representación de los parlamentarios de tierra adentro. Ello significa que de no tener un sólido arraigo se puede ir perdiendo el contacto con el sentir diario de los ciudadanos que representan.
Otro aspecto que surge con fuerza del informe, indica que la imagen tradicional del legislador universitario y abogado cada vez tiene menos base real. Uno de cada tres parlamentarios no tiene título universitario o terciario, aunque la mitad hizo algunos años de carrera. Hay quienes tienen liceo terminado y quienes no. En este último grupo hay legisladores del MPP, Partido Comunista, Nuevo Espacio y Unidad Nacional (UNA).
El investigador y politólogo Eduardo Bottinelli, quien ha estudiado el tema, afirma que una de las explicaciones para el descenso en la formación educativa de los parlamentarios es el crecimiento del Frente Amplio (FA) y sobre todo del MPP. El FA es el partido que aporta más senadores sin formación universitaria, en especial desde el sector del presidente José Mujica, quien tampoco tiene un título. Ese estudio sostiene que en la última década se duplicó la cantidad de dirigentes que no pasaron por la educación superior en el gobierno y en el Senado: de 8% a 16%. Y ese porcentaje llega al 30% si se cuenta a los que empezaron una carrera universitaria y no la terminaron.
Otro cambio se dio en las profesiones de los legisladores. Entre los 26 legisladores frenteamplistas que son universitarios y respondieron la consulta de Qué Pasa, dominan las carreras científicas (médico e ingeniero) y luego los maestros o profesores. De hecho, no hay un solo senador frenteamplista que sea abogado, la profesión de solo tres diputados del FA: Jorge Orrico, Felipe Michelini y Andrés Lima. Entre los blancos se da la situación inversa: 13 de los consultados son abogados y ocho tienen otras profesiones.
Y si bien el Parlamento es en esencia un ámbito de representación política, recogiendo la expresión ciudadana en las urnas, es evidente que no puede obviarse que analiza y redacta leyes, como función específica, lo que indica que la concepción política debe compatibilizarse con la parte técnica. El punto es que la menor formación académica ha venido acompañada por un escaso asesoramiento legal y, de hecho, en agosto de 2008 el Colegio de Abogados alertó sobre el “franco deterioro técnico” en la redacción de las leyes.
El politólogo Jorge Lanzaro, director académico de la Escuela de Gobierno --un proyecto del Parlamento y una fundación española que forma aspirantes a servidores públicos-- cree imprescindible “reforzar la estructura institucional y de personal que trabaja en las comisiones” y, en segundo lugar, crear instituciones de asesoramiento a todos los legisladores.
Hoy solo se cuenta con información y asesoramiento individual o de las bancadas, explica Lanzaro, pero --salvo en derecho comparado-- no hay un centro de producción de información, una asesoría parlamentaria independiente para los 130 senadores y diputados, y esta grave falencia para un Parlamento suele reflejarse en leyes deficientes, voluntaristas, confusas y a veces inconstitucionales, que a veces pueden ser “remendadas”, pero con consecuencias que podrían evitarse con un buen asesoramiento, que podría por lo tanto paliar el déficit en formación, cada vez más evidente. Pero hasta ahora la propuesta del Colegio de Abogados ha sido ignorada --vaya a saber por qué--, y los entuertos se repiten, llevando al ámbito parlamentario el “mas o menismo”, el todo sirve, que es reflejo, sin dudas, del descaecimiento de valores que se manifiesta en nuestra sociedad.