Opinion | 02 May “Estos no son cualquier tipo de menor. Hay que ponerlos a laburar y a estudiar y dejarse de eslóganes”, sentenció el senador del Frente Amplio Jorge Saravia, al exponer entre sus pares la idea de que es hora de hacer algo realmente eficaz para contener y rehabilitar a la minoridad infractora. Con este cometido propuso recluir a los menores infractores en unidades militares, a la vez que evalúa adherir a la campaña de recolección de firmas impulsada por el Partido Colorado.
En momentos en que desde el oficialismo, como así también desde el Pit Cnt, se ha desatado una contracampaña de recolección de firmas, Saravia indicó que se reunirá esta semana con el presidente José Mujica para trasladarle una serie de propuestas en materia de seguridad, entre ellas “un sistema especial de reclusión carcelario inmediato” para los menores que delinquen.
Según el legislador escindido del Espacio 609, la propuesta apunta a incorporar un sistema que por un lado se centrará en primarios, al que llama servicio agrario obligatorio, integrado por cárceles granja, donde los menores que delinquen por primera vez “trabajen, estudien y se recuperen, con una disciplina muy especial”. A la vez, contempla instrumentar por otro lado un sistema de máxima seguridad especial para los menores “peligrosos consecuentes”, que serían recluidos en unidades militares, también sometidos a un régimen de trabajo.
A juicio de Saravia, “todos coincidimos en que estos menores tienen que estar vigilados por alguien sometido a cadena de mando y no por personal del INAU, que regularmente abandona sus tareas por medidas sindicales. Es como que estén sueltos”.
La propuesta de Saravia seguramente recoge el sentir de la enorme mayoría de la población uruguaya, asediada por una ola delictiva que, pese a los desmentidos oficiales, tiene a los menores como los principales protagonistas y sobre todo haciendo gala de extrema crueldad y desprecio por la vida de los demás y muchas veces por la suya.
Es evidente el gran fracaso de las instituciones del Estado en esta problemática, empezando por una legislación absurda que sobreprotege al infractor como si estuviéramos ante el escenario de la minoridad de hace setenta años, cuando todos sabemos que los delincuentes actúan cada vez con mayor precocidad, se hacen adultos en un medio social que los lleva a crecer rápidamente sin conocer la autoridad paterna ni referentes, en abierto desafío al sistema y a la vez alentados por políticas que los hacen ubicarse siempre como víctimas, con plenitud de derechos, sin obligaciones y encima inimputables.
Un régimen como el que propone Saravia posiblemente hará poner “el grito en el cielo” a los autoerigidos como defensores de determinados derechos humanos, pero sin tener en cuenta a la sociedad agredida sistemáticamente por quienes se pretende proteger a ultranza, sin medir consecuencias. La reclusión en unidades militares, ante las graves falencias del INAU, de cuyos “hogares” se escapan mucho más rápido de lo que entran, donde por lo tanto no son contenidos ni rehabilitados, tendría el doble beneficio de evitar las fugas que tanto irritan --justificadamente-- a la población, y a la vez generar condiciones para que los menores sean sometidos a un régimen de disciplina beneficioso para su formación. Es decir que van a estar mucho mejor controlados, para ellos y para la sociedad, que en los “hogares” del INAU, sin hacer nada y mucho peor aún, rodeados de delincuentes que los perfeccionan en la senda del delito para salir a cometer crímenes aún más graves cuando cumplan el tiempo de presunta reclusión.
“El trabajo no mata a nadie”, sostiene el dicho popular, y para quienes nunca lo han hecho, como la enorme mayoría de los inimputables que conforman el “núcleo duro” que es protagonista de los hechos más graves, es seguramente la mejor alternativa a su situación, incluso con la posibilidad de capacitarse en oficios, reducir sus penas e incluso solventarse su propia reclusión, que paga toda la sociedad.
Y es cierto, como manifiesta el senador Saravia, que las unidades militares “tienen bastante tierra, les va a hacer bien trabajar la tierra y no estar pensando en escapar y matar a alguien”. Es que el ocio, la falta de estímulos, de educación, de formación en oficios, es caldo de cultivo de la delincuencia, y suplir estas carencias, además de un régimen de autoridad del que han carecido desde siempre, es una respuesta válida ante una problemática a la que se le pretende aplicar mucha teoría, mucho algodón y el anteponer el “pobrecito”, cuando es notorio que el equilibrio entre derechos y obligaciones, inculcar la necesidad del esfuerzo para ganarse el pan con el sudor de la frente, como nos lo recalcaban una y otra vez nuestros mayores, son el eje de la rehabilitación, además de la contención, aspectos éstos que hasta ahora han estado ausentes y precisamente contribuido a que se generara este estado de cosas.