Opinion | 04 May El Directorio de UTE aprobó el viernes el pliego de condiciones que regirá para una nueva convocatoria a interesados en producir energía eólica a gran escala a efectos del abastecimiento de electricidad, teniendo en cuenta que año a año se acentúa el déficit energético para atender las demandas pico, tanto en verano como en invierno.
En esta oportunidad, con el objetivo de agilizar todo el proceso, UTE admitirá que una misma empresa pueda presentarse con más de una iniciativa para instalar granjas eólicas con capacidad de generación de entre 30 y 50 MW, de acuerdo a lo manifestado por el director del organismo Gerardo Rey.
Incluso el jerarca dijo a El País que el ente pagará un plus a todas aquellas compañías que logren entregar energía antes del 31 de diciembre de 2013, lo que habla a las claras de que existe una urgencia manifiesta en disponer de energía en el corto plazo.
Al respecto, debe tenerse presente que durante varios años, mientras por un lado desde el Poder Ejecutivo insistía en la necesidad de incorporar potencia energética mediante el uso de energías renovables, UTE le daba largas a las licitaciones para la instalación de generadores a biomasa, e incluso puso --fuera de la licitación-- un tope al precio a pagar por el megavatio hora, lo que fue un desestímulo para los inversores, al punto que la empresa sanducera Azucarlito descartó ser abastecedora de energía firme y optó por reconvertir su proyecto para trabajar en el mercado spot, es decir para generar y vender solo cuando el precio le sea satisfactorio para cubrir costos y obtener un margen razonable de rentabilidad.
Es así que mientras en todo el mundo, incluyendo a los países desarrollados, se estimulaba y aún subsidiaba la producción energética por fuentes no tradicionales, por razones estratégicas y teniendo en cuenta que los energéticos fósiles como el petróleo seguirían subiendo su cotización en el mercado internacional, en nuestro país UTE se daba el lujo de descartar inversores porque consideraba que su oferta era cara, pero al mismo tiempo paga dos o tres veces más a los países vecinos por la importación de energía.
Lo expuesto por Rey indica que actualmente el organismo está en otra postura, y que ha reorientado su gestión en sintonía con la política energética que promueve el gobierno y que debería ya ser de Estado, con la meta incluso de que para 2015 pueda contarse con una potencia de suministro de unos 500 megavatios de origen eólico.
Incluso el director nacional de Energía, Ing. Ramón Méndez, en declaraciones a El Observador, destacó que el cambio en la matriz de generación energética le permitirá al país ahorrar unos doscientos millones de dólares a partir de 2013, cuando se pongan en marcha los proyectos de parques eólicos y la planta regasificadora permita bajar la factura en combustibles de las centrales térmicas.
El gasto que UTE se evitará por generación cada año representará 30 por ciento del presupuesto proyectado para este año, que es de unos 700 millones de dólares, pero la apuesta se dirige fundamentalmente a reducir sustancialmente la producción proveniente de fuentes térmicas a base de combustibles derivados del petróleo y dejarla solo para atender situaciones puntuales asociadas a dificultades por emergencias climáticas.
Las estimaciones del director nacional de Energía son de que los proyectos sobre la base de energía eólica y biomasa permitirán reducir sustancialmente costos y que la actual oferta de energía renovable, que ronda los cien megavatios, sumada a los proyectos que están en carpeta, totalizará una potencia instalada de 800 megavatios a partir de 2013, lo que equivale a cerca del 30 por ciento de la potencia instalada actual. Pero más importante aún es que los recursos que se vuelcan a energías renovables, significan divisas que dejan de quemarse en petróleo extranjero, lo que redunda en un doble beneficio: recirculación de dinero en plaza y reducción en importaciones de combustibles fósiles.
El tiempo perdido por UTE por motivaciones contrapuestas a los intereses del país, por burocracia y chacras de poder se ha pagado ya muy caro, y es de esperar que se haya aprendido la lección para realmente actuar en función del interés general, como parece desprenderse en esta oportunidad de los anuncios formulados por sus jerarcas y voceros del Poder Ejecutivo, felizmente.