Opinion | 07 May El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, reconoció en recientes declaraciones al diario El País que el setenta por ciento de los presos que son puestos en libertad vuelve a delinquir, y que la mayoría comete delitos más violentos que aquellos por los que fueron encarcelados.
Estos datos corresponden a las estadísticas que lleva adelante el Ministerio del Interior en todo el país, y según el secretario de Estado, de la evaluación de los informes surge que “estas personas hicieron en la cárcel un postgrado del delito, por lo cual se pretende instrumentar políticas de rehabilitación mediante el trabajo, el estudio y deporte”.
Bonomi se expresó en estos términos al inaugurar la cárcel regional de Rivera, ubicada en la zona llamada Cerro Carancho, establecimiento ubicado a ocho kilómetros al Este de la capital departamental, con una capacidad de 422 reclusos, aunque en una primera etapa recibirá a 217.
En esta cárcel trabajarán unos doscientos guardias de la Policía que desempeñarán las tareas de custodia interna del establecimiento, en tanto las Fuerzas Armadas participarán en la custodia perimetral con 40 soldados.
Los datos que aporta el secretario de Estado sobre la reincidencia de delincuentes es absolutamente ilustrativa del escenario que se da en nuestro país en materia de cárceles, en las que no solo no se cumple con una reclusión adecuada, sino que salvo muy pocas excepciones, no se han incorporado elementos que sean efectivos para la rehabilitación de los reclusos, y como bien sentencia el ministro, en realidad los presos hacen en este ámbito un perfeccionamiento en la senda del crimen, para incursionar por actividades delictivas más graves y sin que en realidad les importe al fin de cuentas volver al recinto carcelario poco después.
Estos datos indican que salvo delitos ocasionales y de determinado perfil, los protagonistas han incorporado las actividades al margen de la ley como un modo de vida permanente, y que por lo tanto asumen que la vida en la cárcel es la constante y la libertad la excepción, lo que habla a las claras que lejos de la redención, se sigue formando delincuentes y solo postergando el momento en que las personas recluidas salgan a la calle a protagonizar actividades criminales tan pronto les surge la oportunidad. Para colmo, el mismo sistema carcelario da sin exigir y propicia el ocio, y no genera hábito de trabajo en los internados, por lo que éstos al quedar en libertad es lógico que busquen la vida fácil.
Y si este escenario es poco alentador en los mayores, convendremos que en el caso de la minoridad infractora las cosas son mucho peores aún, al punto que el ministro Bonomi admitió que “la realidad nos ha pasado por encima” respecto a la forma en que el partido de gobierno entendía debía abordarse la problemática de la delincuencia protagonizada por menores en base a esperar que dieran resultados las políticas sociales.
Este reconocimiento del ministro se percibe además en recientes actuaciones de la policía capitalina, que ha llevado adelante en las últimas semanas megaoperativos de saturación en barrios problemáticos capitalinos, donde decenas de efectivos policiales, con apoyo de patrulleros y helicópteros, ingresaron en estas zonas y desbarataron “enterraderos” utilizados por bandas de delincuentes para desguazar y hacer desaparecer vehículos y mercaderías robadas, al mismo tiempo que detuvieron a decenas de delincuentes, con el resultado de varios procesamientos.
Como era de esperar, han surgido ya voces discordantes en dirigentes de izquierda por considerar que se trata de las “razzias” de los primeros años de la democracia y prácticas similares a la época de la dictadura. De hecho, estos procedimientos difieren poco de aquello que tanto criticó la izquierda a mediados de los ’80, pero sirvieron en esa época para mantener el orden y sirven más aún hoy para combatir la delincuencia, además que se efectúan respetando todas las garantías y las leyes.
Y sobre todo, estos megaoperativos cuentan con el apoyo de la gran mayoría de los residentes en esas zonas problemáticas, que al fin de cuentas son las principales víctimas de los antisociales al extremo que se han animado a salir voluntariamente a las cámaras de televisión y la prensa capitalina para expresar su reconocimiento por la intervención policial, pese a saber que se exponen a sufrir represalias de los delincuentes.
Lamentablemente, cuando se detiene a menores, que son la mayoría de los que son identificados en estos operativos, nos encontramos con que no existe lugar adecuado de contención y rehabilitación, desde que los hogares del INAU son precisamente lo contrario de lo que deberían ser: no contienen ni rehabilitan, y ello nos lleva una vez más a la reflexión de que de una buena vez deben dejarse atrás prejuicios y reticencia por motivaciones ideológicas para hacer realidad la iniciativa de creación de un nuevo instituto, como se propone en una ley en estudio en el Parlamento, con recursos materiales y humanos adecuados para que pueda cumplir a pleno con estos objetivos.