Opinion | 05 May De acuerdo a lo manifestado por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,(OPP), Gabriel Frugoni, se está elaborando un proyecto tendiente a establecer controles efectivos sobre el gasto público, y sobre todo apuntar a la afectación de recursos en base al cumplimiento de metas de gestión, lo que significa un cambio sustancial respecto a cómo este aspecto ha sido instrumentado por los sucesivos gobiernos.
La iniciativa, a fin de cuentas, tiene mucho que ver con la calidad y respuestas que se tenga en los resultados en el uso de los recursos, que es un factor que tiene mucho que ver con la burocracia estatal, incluyendo la superposición de competencias, la falta de comunicación entre las dependencias del Estado y la lentitud y displicencia con que suelen manejarse los dineros públicos.
El jerarca ha transmitido, como así también otros integrantes del Poder Ejecutivo, que el gobierno está preocupado por optimizar la efectividad del gasto público, al punto que esta actitud se ha convertido en poco menos que una obsesión, según da cuenta El Observador.
Con este objetivo, el Poder Ejecutivo ha decidido adoptar medidas para tener un control mucho más riguroso y permanente de los resultados que arrojan todos los planes que la administración central tiene en marcha, por lo que el aspecto central del proyecto refiere a que el gobierno otorgará recursos a partir del cumplimiento de las metas de gestión trazadas, incorporando además indicadores numéricos con los que se podrá evaluar, sin dudas, si se ha cumplido o no determinado objetivo.
En este contexto, cuando los resultados no sean los esperados, el gobierno podrá destinar los recursos económicos para otro fin a través de cada una de las rendiciones de cuentas, que son leyes que el gobierno debe enviar cada año al Parlamento y a través de las cuales se puede reasignar gastos y ajustar el presupuesto quinquenal.
Frugoni subrayó que “no nos interesa sancionar porque no se cumplió, sino justamente lo que queremos es que se lleven a la práctica los objetivos”, para acotar que “hoy estamos en la definición de los indicadores”, de forma que a partir de la próxima rendición de cuentas, pero sobre todo desde la de 2012, se puedan aplicar con criterios más precisos y con conocimiento de causa los lineamientos en las condiciones para la ejecución del gasto público.
Este no es un aspecto menor, pese a que no ha sido difundido “con bombos y platillos”, sino que se está actuando silenciosamente, en una faceta que es de particular importancia para el país y sobre todo como un mensaje hacia adentro y hacia fuera del Estado, por cuanto es una forma de responder a los contribuyentes, que no con poco esfuerzo sacan dinero de sus bolsillos para dejarlos en ventanillas del Estado para que éste los administre por lo menos criteriosamente.
Debe tenerse presente además que una característica de los sucesivos gobiernos, que se ha reafirmado y profundizado durante la Administración Vázquez y el gobierno de José Mujica, ha sido la de llevar adelante políticas procíclicas, es decir que ante una buena situación económica del país se aumenta en la misma medida o aún más el gasto público, sin tener la precaución o el sentido común de contener la tentación de gastar toda la recaudación para establecer un colchón de recursos y tener un margen de maniobra para actuar en condiciones más adversas, teniendo en cuenta los ciclos de la economía.
El presupuesto quinquenal lamentablemente no se estructuró sobre una actitud prudente y, por el contrario, se dispusieron recursos como si la bonanza fuera a durar para siempre, y la vía para establecer algún ajuste en este esquema es la rendición de cuentas. Actualmente el gobierno afina el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas que deberá enviar al Parlamento a mitad de año, y existiría la decisión política de no aumentar el gasto público.
Ante las expresiones del director Frugoni, y la decisión de evaluar la calidad del gasto mediante controles y resultados, corresponde extender una carta de crédito sobre esta forma de ejercer una responsabilidad fiscal imprescindible para una mejor gestión, con las miras puestas en el uso criterioso del dinero de los uruguayos, porque además esta actitud no es de derecha ni de izquierda, sino la regla de oro del buen administrador.