Opinion | 12 May De acuerdo a lo que ha trascendido de esferas gubernamentales, en apenas tres meses UTE ya destinó el 47 por ciento de su presupuesto para atender el consumo de todo el año, lo que es atribuido a valores del petróleo por encima de lo previsto y un régimen de lluvias que ha afectado la generación hidroeléctrica.
Por supuesto, este hecho no es una buena noticia para los uruguayos, que somos cautivos de la suerte financiera del organismo. Y si se ha gastado casi la mitad de lo previsto para todo el año, salvo que se den circunstancias excepcionales, como contar de ahora en adelante con plena hidraulicidad y/o baje sustancialmente el precio del petróleo que mueve las centrales termoeléctricas, el ente va a tener complicaciones financieras este año. Ello lleva a evaluar que la relación oferta-demanda solo puede mejorarse si se aumenta el primer factor, se reduce el segundo o se dan las dos cosas juntas, lo que igualmente no asegura ni mucho menos que no se vaya a aplicar un ajuste tarifario para no seguir desfinanciando al organismo.
Por lo pronto, ante este escenario en ciernes, el Poder Ejecutivo anunció que comenzará a aplicar planes de eficiencia energética en quince edificios públicos para predicar con el ejemplo y contagiar a los privados para reducir el alza de la demanda a futuro, en un contexto de altos costos de producción de la energía.
Con este fin intentará promover un uso más racional y eficiente de la electricidad en quince edificios en los que invertirá unos dos millones de dólares, con el objetivo de obtener un ahorro anual de 560.000 dólares.
El director nacional de Energía, Ing. Ramón Méndez, destacó al diario El País que “con estas medidas pretendemos introducir un cambio cultural en el Estado que sirva como espejo para el sector privado”, y explicó que los trabajos de auditoría arrojaron que con una pequeña inversión cada oficina pública puede recuperar ese monto de dinero en un período de tiempo muy corto.
Amplió que “estos planes están pensados a mediano y largo plazo. De hecho un estudio que tiene la dirección arrojó que para 2030 el potencial de ahorro de Uruguay si aplica todos los planes de eficiencia que están en carpeta y en ejecución alcanzaría los 9.500 millones de dólares”, lo que permite inferir que la demanda a futuro será menor con un uso más eficiente de la electricidad.
Pero lamentablemente en el Estado existe una burocracia que no responde más que a sí misma, que por supuesto poco le preocupa la problemática de la energía y a la que además el costo de UTE le resulta gratis, por lo que no le va la vida en esto. Además es notorio que las responsabilidades dentro del Estado se diluyen, y ello explica que más de una vez se hayan promovido planes de ahorro energéticos que tuvieron una respuesta aceptable en el sector privado, pero que en cambio fue muy escasa en las dependencias públicas.
De acuerdo al estudio de una consultora que trabajó en áreas del Estado, entre las medidas sugeridas figura la sustitución de lámparas, monitores, estufas, computadoras, instalación de sistemas de calentamiento solar, mejorar la eficiencia de las calderas a vapor, introducir aislamientos en los edificios y en algunos locales hasta la posibilidad de cogeneración de electricidad con biomasa.
En este caso, invertir dos millones de dólares para un ahorro anual de 500.000 dólares significa empatar la ecuación en cuatro años, aunque el impacto en la demanda es inmediato, y por lo menos este es un aspecto positivo. Pero por cierto en el sector privado, donde realmente duele la factura de UTE a fin de mes, el ajuste es muy relativo en cuanto a la relación costo-beneficio, porque quien más quien menos se ha ido reconvirtiendo en los equipamientos para un menor consumo, a efectos de reducir el fuerte impacto de la electricidad en sus economías. Sin ir más lejos, las lámparas de bajo consumo y los reflectores de alta eficiencia hace rato que sustituyeron al tungsteno en la empresa privada, así como los calentadores de resistencia fueron eliminados hace años. Más allá de eso, el próximo paso significativo resulta extremadamente caro y difícil de justificar desde el punto de vista del tiempo de retorno, puesto que se trata de mejorar aberturas y aislamiento térmico, hacer grandes reformas edilicias y cambiar instalaciones enteras, por lo que para las empresas puede estar fuera del alcance, y mucho más para los hogares particulares donde el derroche energético por estas causas es mayor.
Y en el margen que queda, que no es despreciable ni mucho menos, el rol del Estado debe ser el de promover el uso de equipos de menor consumo mediante la reducción de impuestos y cargas tributarias sobre la compra e instalación de estos elementos, sobre todo instalaciones en base a energía solar, para realmente promover la racionalización y ahorro energético, al mismo tiempo que se encara seriamente la incorporación de generación por energías renovables, donde hay mucho paño para cortar, por cierto.