Fueron dados de baja en el BPS

Locales | 07 May Luego de haber sido dados de baja en el Banco de Previsión Social y agotadas todas las instancias administrativas con la patronal en pos de destrabar el conflicto que lleva casi 60 días, los representantes legales de los trabajadores de la obra en construcción de la Escuela 58 de Pueblo Esperanza, solicitaron una acción de amparo.
La medida, que pretende preservar la fuente de trabajo de 14 obreros, fue presentada ante el Juzgado Letrado de Quinto Turno, en tanto la primera audiencia se desarrolló el martes pasado, instancia en la que participaron los asesores legales de los empleados y dirigentes del gremio de la construcción, así como un representante de la ANEP y otro de la empresa Río de la Plata, quien manifestó que el director de la constructora había sufrido un quebranto de salud, lo que determinó que se postergara para el miércoles 11.
“La empresa ya hacía casi un mes que nos había dado de baja y no estábamos ni enterados, nos dio de baja estando en negociaciones con el Ministerio de Trabajo y nos enteramos por casualidad”, dijo a EL TELEGRAFO Damián Gallardo, delegado de la obra, quien añadió que solicitado el recurso de amparo, el juez de la causa pidió “que la ANEP presentara la evaluación de la obra”.
El operario dijo que se trabajó hasta el 9 de marzo y que esos jornales les son adeudados, en tanto aseguró que mientras algunos obreros fueron dados de baja el 31 de marzo, la actividad del resto figura cesada desde el 8 de abril. Según indicó, algunos figuran “con baja voluntaria, con lo que no podemos ni acceder al seguro de desempleo”.
Sostuvo que existe preocupación entre los trabajadores y el gremio, porque se están venciendo los plazos (un mes) para solicitar ante el BPS el beneficio de subsidio por seguro de desempleo, aunque puntualizó que “nosotros negociamos trabajo, no despidos”.
Medidas gremiales
Como medida de apoyo a los trabajadores de Esperanza, el Sunca comenzará a hacer paros sorpresivos de una hora en las diferentes obras a nivel departamental.
Miguel Acosta, secretario de organización de la gremial, señaló que el miércoles en Montevideo habrá una importante movilización “porque se habilita el congreso del sindicato, y en Paysandú se hará una manifestación por los mismos temas y por el conflicto de los obreros de Esperanza frente a la Sede Judicial”.
La semana próxima el tema también será tratado por el Consejo Directivo Nacional de la gremial. Según Acosta, se inició la instancia judicial “para amparar a los trabajadores y ante las muestras del empresario de no querer negociar nada. No está en nuestras manos la solución, entonces vamos por la Ley”.
La empresa –añadió-- habría argumentado que se lleva construido entre un 60 y 70 % de la obra, “pero nosotros sabemos bien que no está ni en la mitad”.
Casi 60 días de conflicto
El abogado copatrocinante de los trabajadores, Milton Hermín, explicó que el recurso de amparo fue solicitado por el abogado del Sunca, Martín Alberti. El conflicto se inició con un problema de relación entre el capataz de la obra y los obreros, quienes lo acusaron de destratarlos y perseguirlos por estar agremiados.
El 9 de marzo, las malas condiciones de trabajo y el intento de la empresa por tomar nuevo personal para continuar con la obra, llevó que los obreros resolvieran --el 30 de marzo-- detener la construcción del edificio escolar y elaboraran una plataforma de reclamos que incluía el problema con el superior, además del cumplimiento de medidas de seguridad y del último laudo vigente para este rubro en cuanto a las horas de trabajo durante los días de lluvia, ya que se establece que deben ser pagas.
Instancias administrativas
Hermín señaló que antes de que los trabajadores pararan su actividad, él mismo abordó las instancias de negociación pertinentes con el abogado de la empresa en Paysandú y con el Sunca a través del secretario general, ocasión en que “nos contactamos con la empresa y no tuvimos respuesta”.
Luego se hizo una conciliación colectiva tripartita y se recurrió a la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) en Montevideo, donde se llevaron a cabo tres instancias. En ninguna hubo resultados positivos. El profesional se encargó además de establecer contacto con la Junta Departamental a través de la Comisión de Asuntos Laborales, la que se interesó en el tema y también se mantuvieron contactos a través de la Junta con el Codicen y el Pit Cnt. “La empresa manifiesta que no puede prescindir del capataz porque tendría que pagar una indemnización por despido especial, lo que nos parece algo descabellado como comprarle una cámara al delegado de la obra para que filmara las horas de trabajo”, dijo Hermín, en tanto añadió que el intento de la empresa por contratar nuevo personal es una violación a la Ley de libertad sindical y a la negociación colectiva.
Hermín también refirió a las “enormes irregularidades en la construcción de la Escuela desde el punto de vista técnico”, algo que si bien está en conocimiento del Ministerio de Trabajo, no ha podido comprobarse mediante inspección, dada la ocupación. Esto hace que no se desestime la posibilidad de que una vez destrabado el conflicto, la obra sea clausurada. Por lo pronto, se espera que el miércoles, a las 15, puedan comparecer todos los involucrados.