Opinion | 08 May Las idas y venidas, marchas y contramarchas del oficialismo en torno al episodio del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, que no es otra cosa que la anulación de la ley --una figura que no existe en nuestro esquema jurídico--, pone de relieve la confusión que existe en la fuerza de gobierno respecto a los pasos a dar, al punto que el propio presidente Mujica, acompañado de su vicepresidente Danilo Astori, se presentó ante la bancada de la Cámara de Diputados --a cuya consideración pasó el proyecto-- para pedir que los legisladores no apoyen esta norma, que fue aprobada por el Senado solo con los votos de la bancada del Frente Amplio.
Lamentablemente, en lugar de argumentar que se trata de una ley inconstitucional, como coincide en señalar la gran mayoría de los juristas, el mandatario centró su argumentación en que si se vota esta ley en la Cámara de Diputados, el Frente Amplio perderá credibilidad y ello podría costarle el triunfo en las próximas elecciones.
En realidad es por lo menos sorpresivo que sea ese el argumento en que se basa un presidente para pedir que el voto de sus legisladores se incline ante tal o cual opción. En este caso no debería involucrarse una postura de oportunismo electoral, sino sencillamente poner las cosas en sus reales términos y considerar que se ha empujado en favor de la sanción de una norma que es inconstitucional y que además, desde el punto de vista político, poco y nada va a aportar a la pacificación nacional. Debería ser mucho más importante respetar la Constitución que promover el triunfo electoral de tal o cual partido, porque el interés nacional debería estar por encima del partidario, cualquiera sea el partido de que se trate, y esto no puede ser perdido de vista por el mandatario.
La ley, notoriamente, fue votada a disgusto por la mayoría del oficialismo en el Senado, y hasta se concretó en esta instancia la renuncia del senador oficialista Eleuterio Fernández Huidobro --aunque la votó por disciplina partidaria--, en tanto también se expidió en contra, sin votarla, Jorge Saravia, también del partido de gobierno.
El episodio no solo es desprolijo, por decir lo menos, sino que marca una forma de hacer política que no le hace bien al país, y sobre todo porque si vamos a la génesis de la iniciativa, encontraremos que los sectores radicales de la coalición de izquierdas han sido los autores del proyecto y han presionado para que se diera esta situación en el Parlamento. La mayoría de los legisladores oficialistas la votó a disgusto y ahora se encuentran sus diputados ante la disyuntiva de dar marcha atrás y hacer, tarde y mal, lo que debió hacerse en su momento, sin dejarse arrastrar por la corriente.