Opinion | 15 May La cantidad de energía generada hasta el presente por las plantas que funcionan en base a biomasa no colma las estimaciones que se habían generado en la Administración del Mercado Eléctrico (ADME), según da cuenta el diario El País en base a un informe que divulgó la consultora SEG Ingeniería. La evaluación se basa en el hecho de que en los primeros tres meses de este año los seis generadores con biomasa que están volcando energía a la red de UTE produjeron un nivel bastante más bajo que las estimaciones que tenía ADME, y es así que en marzo estos operadores produjeron en su conjunto once megavatios hora, lo que representa apenas una cuarta parte de la electricidad estimada.
La consultora considera que “a pesar de los esfuerzos que privados y gobierno han hecho para impulsar esta industria, la realidad ha sido muy dura. En efecto, diversos problemas han saboteado esta fuente de electricidad, pero la causa central es la falta de experiencia en estas tecnologías que ha llevado a la subestimación de inversiones, errores constructivos y de estimación”, en tanto la excepción es UPM Botnia, que entrega al sistema potencia del orden de los treinta megavatios todos los meses a partir de la generación con biomasa.
Estos elementos que da a conocer la consultora son realmente llamativos cuando todos sabemos que hay conciencia generalizada y también políticas impulsadas desde el gobierno que en teoría propenden a motivar a los inversores en energías renovables, sobre todo para generar electricidad y sustituir gradualmente a las centrales termoeléctricas que utilizan petróleo, con una apuesta fuerte que se orienta fundamentalmente a la biomasa y la instalación de parques eólicos.
En este contexto, en diciembre de 2010 el Poder Ejecutivo estableció a través de un decreto un incentivo para esta fuente de energía, al establecerse un valor que va desde los 92 dólares a pagar por megavatio de energía de fuente de biomasa, que puede llegar hasta 107 dólares, según las condiciones de entrega de la energía.
El punto es que según la consultora SEG, hasta el momento “no se ha confirmado ninguna voluntad concreta de instalar una planta, lo que demuestra que la generación con biomasa está en problemas. Ojalá sean solamente los dolores del parto y que en el futuro se ajusten adecuadamente los incentivos, de manera que los inversores puedan acceder a mejores capacidades y tecnologías que aseguren el buen desempeño de esta fuente de producción de electricidad”.
Pues este es precisamente el punto, el que además no constituye novedad, desde que es un aspecto que venimos señalando una y otra vez desde esta página editorial y que forma parte de las contradicciones e incongruencia que se dan en este contexto, con una UTE que no ha estado a tono con el desafío y ha retaceado precios a pagar por el megavatio producido con energía renovable, y en cambio paga cifras astronómicas por la electricidad que frecuentemente debe importar desde los países vecinos, o poner en marcha las onerosas centrales a petróleo que están en costos del orden de los 150 dólares el megavatio.
Los valores manejados de entre 92 y 107 dólares aparecen así poco menos que como una burla para quienes están interesados en invertir, por cuanto no hay país que no esté subsidiando la reconversión energética como decisión estratégica para facilitar el impulso a la inversión, pero en cambio en el Uruguay estas políticas se han estado desarrollando con cuentagotas, al punto de que recién se está terminando con un llamado a licitación para energías renovables por modestos 60 megavatios que se puso en marcha por UTE hace ya tres años.
Y hablando de precios, en aquel momento quedaron fuera de la licitación varios inversores, incluyendo Azucarlito, porque el ente topeó en unos noventa dólares el megavatio a quienes se presentaron en la licitación, y buena parte de ellos se desinteresaron. En el pecado está la penitencia, y según da cuenta la consultora, una de las causas para que se esté entregando solo una cuarta parte de lo que se esperaba radica en que hubo “subestimación” de inversiones, lo que indirectamente fue promovido por este recorte de precios, que seguramente algunos empresarios pensaron que igualmente podían afrontar pero que no fue confirmado en la cruda realidad.
En cambio, Azucarlito, como otros interesados, optó por retirar el proyecto inicial, reformularlo y llegado el caso vender en el mercado spot, es decir cuando el precio que paga el ente le sirva para producir, cubriendo costos y con algún margen de rentabilidad, a partir de un mínimo que actualmente está situado por encima de los cien dólares.
El hecho es que por esta política de no estimular realmente a los potenciales inversores, el país se ha quedado con menos electricidad de biomasa que la que debería contar ya a esta altura.