Opinion | 09 May Los uruguayos han perdido la cuenta de las veces que menores infractores se han fugado de las dependencias del INAU, donde se supone iba a cumplir una pena por algún delito cometido. Ahora cinco menores rapiñeros se fugaron del Hogar El Hornero de la Colonia Berro y no utilizaron ninguna estrategia complicada para lograrlo. Mientras disfrutaban de un recreo al sol a plena tarde y a vista de un funcionario, los menores corrieron rumbo a los alambrados, los saltaron sin mayor esfuerzo y lograron la libertad. Así de simple.
El Hornero no es un hogar de alta seguridad y por ello no tiene guardia perimetral policial. Sin embargo, en otros hogares de alta seguridad las fugas son moneda corriente. La anterior fuga de tres peligrosos menores de un edificio recientemente inaugurado y de máxima seguridad y del “rescate” de otro durante un traslado sin custodia policial, le costó el cargo al entonces gerente del Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (Semeji), Jorge Jouroff.
Pero hay nuevo gerente y la historia vuelve a repetirse, como ha sido desde siempre, aunque ciertamente con menos publicidad que ahora. Esto demuestra que no es una cuestión de personas sino de la política y estructura del INAU, cuyas autoridades parecen no ser conscientes que estos jovencitos no son “corderitos” y que si la Justicia determinó su encierro debe haber una razón de peso.
Los funcionarios, por su parte, no asumen la responsabilidad de las fugas. El sindicato ha dicho en otras oportunidades que los locales no cuentan con la seguridad necesaria para albergar a los infractores o que los funcionarios se ponen en riesgo al intentar impedir las fugas. Aunque estas afirmaciones puedan ser reales, lo cierto es que los funcionarios deberían admitir que no están cumpliendo con su trabajo.
Según los últimos datos disponibles, que datan de 2009, los jueces iniciaron procesos penales a 977 adolescentes. Si se divide esa cifra por los días que tiene el año, da un resultado de 2,7 procesados que se puede promediar en tres, teniendo en cuenta el aumento de la delincuencia juvenil. La realidad indica que es necesario, de una vez por todas, que el organismo pertinente logre retener a los menores infractores en las dependencias y les otorgue las herramientas para su rehabilitación: educación, trabajo, atención médica y psicológica.