Opinion | 14 May Finalmente, tras un proceso que demoró más de lo debido teniendo en cuenta la importancia del tema, la Cámara de Representantes aprobó en las últimas horas el proyecto de Ley de Participación Público Privada, por el que se permitirá la celebración de contratos de participación entre ambos sectores para obras de infraestructura, lo que no es poco decir en un país donde las carencias en este sentido se han manifestado desde siempre.
Tras la media sanción de la Cámara Baja, la iniciativa pasa ahora a la consideración del Senado para completar el trámite legislativo y recibir luego la sanción del Poder Ejecutivo para su puesta en vigencia, en un parto parlamentario que se presentó difícil porque surgieron fuertes cuestionamientos en el seno del partido de gobierno, sobre todo de los sectores ubicados más a la izquierda, como el Partido Comunista, y los sindicatos controlados por este partido, aunque en general el Pit Cnt ha sido fuerte crítico del proyecto.
Y puede entenderse que así sea, porque la propuesta que formuló el propio Poder Ejecutivo va en contra de una postura histórica que ha tenido la coalición de izquierdas y sobre todo el movimiento sindical, que se ha opuesto sistemáticamente, incluso organizando plebiscitos como el de 1992 contra la asociación y privatización parcial de empresas del Estado, y rechazando enfáticamente cualquier medida que pudiera más o menos poner en riesgo, en su particular óptica, el puesto y poder de cualquier funcionario dentro del Estado.
En este caso la iniciativa ha dado lugar a una negociación en la interna de la bancada oficialista y con partidos de la oposición, y se logró por esta vía que fuera votada por unanimidad en la Cámara de Diputados, lo que no es poco decir teniendo en cuenta que se ha logrado consenso político, con algunos matices, en un tema que en el pasado fue objeto de controversia y de desencuentros incluso de carácter ideológico, por la postura de quienes hasta no hace mucho se oponían sistemáticamente a que el Estado resignara aún parcialmente parte de sus competencias en una serie de áreas.
Pero la cultura de gobierno, el asumir responsabilidades y ver las cosas desde el otro lado del mostrador genera estos cambios de postura, lo que es a todas luces positivo, y esta ley permitirá la realización de contratos de asociación de capitales privados con empresas públicas para la concreción de obras viales, ferroviarias, aeroportuarias, disposición y tratamiento de residuos, construcción de cárceles, centros de salud, educativos, complejos deportivos y obras de mejoramiento y equipamiento urbano, con el límite de un siete por ciento del Producto Bruto Interno (PIB) para la inversión total.
Cuando el gobierno presentó la iniciativa la reacción más negativa, como se esperaba, partió del Pit Cnt, con advertencias respecto al carácter “privatizador” de este proyecto (como si fuera mala palabra), lo que fue desestimado por los representantes del Poder Ejecutivo, pero sin por ello negarse a introducir una serie de modificaciones, respondiendo a reparos tanto en la interna del oficialismo como en partidos de oposición.
Por lo tanto, tras las negociaciones pudo llegarse a un grado de compromiso con los planteos que permitió que el proyecto saliera por unanimidad, al punto que en su informe al plenario el diputado frenteamplista Gonzalo Mujica destacó la “actitud patriótica” de la oposición por haber sugerido modificaciones y mostrar su disposición para acompañar la iniciativa.
Pero por contrapartida, también en un principio se mantuvieron en sus trece muchos de quienes se han opuesto desde el principio a la idea, y la votación unánime en el partido de gobierno solo fue posible porque se aplicó un “verticalazo” para que la bancada en bloque aprobara el proyecto, al plantearlo como un asunto político y evitar una votación dividida.
No puede extrañar por lo tanto que al mismo tiempo que se diera la votación unánime se estuviera realizando por el Pit Cnt y algunos gremios una marcha por las calles céntricas capitalinas en protesta contra esta decisión de Diputados, reivindicando las posturas históricas en contra de cualquier asociación o concesión por el Estado, como se prevé en esta norma por considerar que se está abriendo la puerta a las “privatizaciones”.
En realidad la iniciativa consagra un aporte fundamental desde el punto de vista jurídico para mejorar la infraestructura vial y energética del país, donde hay graves deficiencias a superar en el menor tiempo posible, desde que afecta severamente nuestra competitividad por carencias logísticas flagrantes, como se observa por ejemplo en la red de conexiones con Nueva Palmira y otros puertos, la ausencia de una red ferroviaria y ferrocarril en apoyo a las producciones primarias como la forestal y los granos, y carreteras que ya han colapsado por las exigencias que plantea el transporte en camiones.
Las inversiones que no puede hacer el Estado y que solo pueden aportar privados, por estar directamente involucrados en la problemática y con el atractivo de una rentabilidad razonable, permitirán a su vez liberar recursos para acciones que sí puede y deben estar a cargo del Estado, lo que tendrá el doble beneficio de un mejor uso de las finanzas públicas y no detraer nuevos recursos de los contribuyentes, ya agobiados por la carga que se genera por el exceso del gasto estatal, además de contribuir al desarrollo.