Mientras tanto en cuarteles

Locales | 15 May Mantener la legislación actual que establece la imputabilidad de los menores desde los 13 años para delitos graves, aumentar las penas por la comisión de esos delitos por menores y ubicar provisoriamente a los menores infractores en dos cuarteles con vigilancia policial y militar, son algunos de los aspectos que el senador Jorge Saravia promueve como solución al problema de los delitos cometidos por “400 menores infractores” que podrían ser controlados.
En diálogo con el director de EL TELEGRAFO, Alberto Baccaro, Saravia explicó su propuesta, señalando que el problema de la minoridad infractora y el aumento del delito debe ser considerado desde una óptica regional y latinoamericana, y de los “modus operandi” de las bandas internacionales del mercado de drogas y el tráfico de armas.
Dijo que si bien Uruguay está “libre” de hechos violentos vinculados directamente a estos comercios ilegales, sí es “un lugar de paso”, y que parte de los hechos delictivos protagonizados por menores puede explicarse en el marco de una estrategia de los delincuentes organizados.
Detenidos y más seguros
De todas maneras, y refiriéndose a los menores que delinquen reiteradamente en modalidades graves como rapiña, copamiento, violación y homicidio --a quienes cuantificó en no más de 400-- dijo que debería solucionarse por medio de lugares de detención con la suficiente seguridad para evitar que puedan escaparse fácilmente, como sucede generalmente en la Colonia Berro.
Al respecto, recordó el proyecto que presentó al Poder Ejecutivo y a los partidos políticos en cuanto a crear otras condiciones para los menores infractores. Dijo que habría un nivel donde esos menores --los primarios-- podrían instalarse en “escuelas granjas obligatorias” donde trabajarían y estudiarían a los efectos de su reinserción social, lo que sería “integrador”. Mencionó los internados que se hacen por ejemplo en las tecnicaturas agropecuarias, donde los estudiantes son internos y estudian haciendo paralelamente trabajos de campo. Llamó a esa iniciativa “sistema agrario obligatorio”, donde “hay un trabajo disciplinario riguroso y los jóvenes aprenden oficios”. Los menores infractores primarios irían a una granja de escasa seguridad y vivirían en barracas comunes, mientras que los más peligrosos ocuparían granjas cercadas, durmiendo en un celdario y con tres instituciones custodiando: el INAU con sus funcionarios adentro, un perímetro con guardia policial y un segundo perímetro que tendría guardia militar.
Hay dos cuarteles
Por otra parte, especificó que mientras se concreta ese “sistema”, los menores infractores más peligrosos podrían ser internados en al menos dos cuarteles militares que “en 60 días estarían prontos” para ser ocupados. Concretamente, dijo que sus consultas a los mandos militares establecen que hay dos establecimientos de fácil acceso y que hoy están virtualmente sin uso, uno en Tacuarembó y otro en Durazno, los que rápidamente se podrían acondicionar y son de fácil vigilancia. Dijo que hay efectivos disponibles, porque en ambos lugares “hay escuadrones”, los que podrían ser los custodios del segundo perímetro.
También propone algunos cambios legislativos, como la autorización para el trabajo de los menores (paralelamente al estudio), que podrían hacerlo desde los 13 años porque “trabajar no mata a nadie”.