Opinion | 16 May La promoción de inversiones es uno de los grandes desafíos para un país que necesita no solo explotar de la mejor forma posible sus recursos naturales, en forma racional y en el marco de una visión estratégica de desarrollo, sino también evaluar los pro y los contra de ofertas que muchas veces se generan a partir de capitales que apuntan a obtener productos primarios sin aportar la contrapartida de incorporación de valor agregado, que en cambio sí hacen otros países hacia los que se destinan las materias primas.
De ahí que la relación costo-beneficio, en la que deben incluirse los correspondientes estudios de impacto medioambiental, debe evaluarse cuidadosamente a la hora de considerar la pertinencia o no de propuestas que aparecen como tentadoras, en algunos casos por cientos o miles de millones de dólares, pero que entrañan el riesgo de afectar el ecosistema o perjudicar la calidad de explotaciones instaladas desde hace tiempo en el país.
En el Uruguay no hay por cierto cultura minera, dado que desde el fondo de los tiempos ha sido un país de base agropecuaria y por lo tanto existe una marcada inclinación por preservar la riqueza principal, que es el suelo, de las consecuencias de acciones depredadoras o de afectación del recurso. Esta visión, con el paso de las décadas, ha sido reforzada ante el escenario que se da en otros países en que los recursos naturales han sido depredados sin conciencia ambiental, con serias consecuencias para el ecosistema.
No puede extrañar entonces que, ante la formulación del proyecto de explotación minera a cielo abierto de la empresa Aratirí en el departamento de Durazno, hayan surgido protestas de productores y vecinos de la zona que se sienten directamente perjudicados por este emprendimiento en ciernes.
En las últimas horas, productores rurales marcharon a caballo y unas dos mil personas lo hicieron a pie hasta el Palacio Legislativo, bajo la consigna “Marcha en defensa de la tierra y los recursos naturales”, con el apoyo de vecinos del balneario La Paloma que se oponen al puerto de aguas profundas que construiría la empresa minera para la exportación del hierro extraído.
Lamentablemente, los antecedentes de este tipo de explotaciones no son alentadores para un país que aspira a seguir vendiendo la etiqueta de Uruguay Natural, por cuanto son emprendimientos que entrañan un alto grado de contaminación ante la elevada escala de extracción, y como bien señalan los productores, obligaría a la desviación definitiva de varios cursos de agua, caminos vecinales y rutas nacionales, así como la destrucción irreparable del suelo, a lo que se agregaría el impacto económico, social y ambiental de un puerto específico para la exportación nada menos que en una zona turística en expansión, como es La Paloma.
Debe tenerse presente que el emprendimiento afectará directamente unas 120.000 hectáreas, para explotar el mineral de hierro en unas 12.000 hectáreas, para lo que ya la empresa ha volcado unos 85 millones de dólares, con la expectativa de alcanzar una inversión del orden de los 2.500 millones de dólares, por cierto la más importante del país, en tanto el gobierno negocia actualmente la firma de un memorándum de entendimiento con la empresa para que pueda comenzar la explotación.
En términos de impacto, corresponde evaluar que si bien se trata de una inversión que a primera vista aparece como de gran magnitud, refiere mayormente a equipamiento que se importará con fines extractivos, pero que una vez en marcha no tiene el grado de sustentabilidad inherente a toda actividad productiva, sino que al fin de cuentas se trata de la extracción de un recurso natural que dejará con el tiempo un enorme agujero y mínimo desarrollo tecnológico, ante la extracción anual de unos diez millones de toneladas de hierro.
Una cosa distinta sería si, como ocurre en otros países, la minera estuviera enclavada en medio de un desierto o de tierras áridas, sin otras alternativas posibles, pero estamos hablando de una rica zona agrícola-ganadera, como así también turística, que seguramente en términos de costo-beneficio es mucho más importante que la mina, por lo que todo indica que hubo por lo menos apresuramiento en el gobierno para dar luz verde al proyecto.
El punto es que todavía se está a tiempo de dar marcha atrás --aunque no va a resultar gratis al haber ya una inversión encaminada--, para evitar que en pocos años estemos lamentando las consecuencias de no haber estado a la altura de las circunstancias.