Fomentan inversión privada

Locales | 16 May La aprobación en la Cámara de Representantes del proyecto de ley de Participación Público Privada en inversiones de infraestructura y servicios es “la conformación de una herramienta fundamental para que el Estado pueda contratar con privados sobre temas de infraestructura. El país y su economía vienen desde hace tiempo creciendo, pero no lo hizo en la misma medida la infraestructura vial, ferroviaria y portuaria”, dijo a EL TELEGRAFO el diputado frenteamplista Gustavo Rombys.
Esta situación sería “porque durante mucho tiempo no se hicieron inversiones, porque la consigna neoliberal era de un país plaza financiera, y esa plaza no requiere carreteras, por ejemplo. De ahí que se dejaron de lado esas inversiones, y hoy estamos en un punto cercano al colapso. Como se espera un crecimiento del 4% anual del producto Bruto Interno durante los próximos años, el déficit en infraestructura es un cuello de botella para ese crecimiento”.
Consultado sobre cómo es la herramienta, citó como “ejemplo práctico” que “el gobierno quiere reparar la Ruta 26 y no tiene el presupuesto para hacerlo. Así se presenta un privado, que le interesa reparar la ruta, lo hace dejándola a nuevo. Y el Estado le paga en un máximo de hasta 35 años por la obra que hizo, y el privado se encarga del mantenimiento durante ese lapso”.
Rombys aclaró que “la construcción de la obra será supervisada por el Estado y su calidad debe estar según lo comprometido. De no ser así el Estado puede llegar a no pagar la obra”.
De esta manera, el Estado, “en vez de pedir plata prestada, habilita a una empresa o un grupo de privados a construir la obra y libera plata del presupuesto para otras obras”.
Qué se puede hacer
La ley establece ciertas áreas prioritarias para las inversiones. El legislador frenteamplista detalló que son las viales, ferroviarias, aeroportuarias, portuarias, de energía, depósito y manejo de residuos e infraestructura social (construcción de cárceles, escuelas, liceos, hospitales y vivienda social), que “son aspectos que no siempre se pueden hacer con recursos del Estado”.
Para concretar un proyecto, es analizado primero por una comisión especial donde se fundamenta el proyecto de infraestructura demostrando cuál es el mejor procedimiento para la obra propuesta y presentando garantías”. La iniciativa para la construcción de infraestructura puede ser por el interés o la necesidad del sector privado o por iniciativa de un organismo público. “Son dos mecanismos distintos”, dijo Rombys, detallando que en caso de haber propuestas por parte de un privado, “se presenta en la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) --que toma un nuevo papel con esta ley-- con el proyecto que cubre un déficit en la obra pública. La CND hace los estudios y consultas pertinentes y establece los términos del contrato. Luego se hace público por si hay más interesados en participar del proyecto, lo que lo hace más transparente. Y se trata de generar el mayor valor por el menor dinero, no se trata de pagar más”.
Inversión limitada
Además, se habilita que el inversor --la empresa interesada en construir alguna obra de infraestructura-- pueda capitalizarse con otras fuentes. Aquí se incluye a la AFAP, “para que financien este tipo de emprendimiento. Y estamos garantizando que el dinero de las AFAP, producto de los ahorros del trabajador uruguayo, pueda verse mejorado”. De todas maneras, la inversión que puede hacerse está limitada por la ley según la capacidad de pago del Estado. En este sentido, se establece que no más del 7% del Producto Bruto Interno (PBI) puede destinarse a la inversión total de la suma de proyectos de obras de infraestructura por este sistema, y detalló que “no se puede comprometer como pago de cuotas más allá del 5 por mil (el 0,5%) del PBI”. Rombys dijo que “también evitaremos el endeudamiento externo, será local”. Por otra parte, el diputado oficialista comentó que este sistema de inversiones se utiliza en otros países, como los europeos y particularmente en Inglaterra, aunque “no con las mismas condiciones y garantías que pone el Estado uruguayo. Acá se trata de equilibrar el riesgo. Venimos de políticas económicas donde el riesgo lo asumía siempre el Estado y los beneficios el privado. Y esa forma de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias se elimina”.
NO se privatiza
El diputado refirió “por ejemplo a la inversión en el ferrocarril. Y eso no implica que se privatice AFE; eso no es cierto y hay que tenerlo claro. Sí se habla de hacer una empresa pública de derecho privado, pero siempre va a ser del Estado. Hay dos proyectos que se están analizando y en ninguno se habla de vender ni privatizar”.