Como en las misiones de paz

Locales | 17 May Jorge Saravia, senador del Frente Amplio, abogó por buscar soluciones a la situación creada por lo que definió “las nuevas amenazas”, que significan los sectores marginales donde “no hay contención, no se tienen valores y los códigos son los propios de la marginalidad”.
Definió esto en cuanto hay barrios --en todo el país-- donde una minoría delincuente integrada por mayores y menores tienen en jaque a la mayoría de los vecinos, que no los denuncian y hasta incluso los encubren por temor a represalias. Saravia consideró los procedimientos que se realizaron recientemente en Montevideo, con la participación de grupos de choque que ingresan a esos barrios y detienen a los delincuentes más destacados, como una reacción “insuficiente”, ya que el Estado como tal no mantiene presencia en el lugar. En conversación con nuestro director, Alberto Baccaro, el legislador consideró que si bien estos procedimientos dan un resultado primario que es relativamente efectivo, con la detención de algunos delincuentes, otros quedan en el mismo barrio o cuando son liberados retornan y “castigan a los vecinos que los denunciaron”. De esta manera, aseguró que hay “un 95% de los vecinos que son rehenes del otro 5%, que muchas veces son de una misma familia, son violentos y están armados”.
Campamento militar
Para solucionar esta situación y evitar que cuando se retira la fuerza policial haya represalias contra los vecinos, Saravia propone que se instale en el barrio un campamento militar como fuerza de disuación, y que aunque no tenga los estrictos deberes y derechos policiales, será un centro donde se note la presencia del Estado, y que si hay problemas pueda servir como un lugar de referencia.
Saravia no consideró otorgar a los militares competencias inherentes a la Policía, sino que simplemente tendrían un perímetro militar alrededor de la zona donde están, y “ya el hecho de que estén uniformados sería disuasorio”. Paralelamente, tendrían presencia en el barrio, ya que no estarían “de guardia” permanente, sino que colaborarían desarrollando trabajo social en el barrio. Argumentó que eso no significaría un esfuerzo para los militares, ya que la experiencia que casi 14.000 de los 23.000 efectivos en armas tuvieron en Misiones de Paz (en Haití o el Congo, por ejemplo) donde su tarea bajo las órdenes de la ONU es básicamente policial y social, facilitaría el relacionamiento con los vecinos, a la par que implicaría una presencia de la autoridad en el lugar. De todas maneras, de ser testigos de delitos, podrían actuar como cualquier habitante de la República y proceder a lo legalmente autorizado, que es el “arresto ciudadano”, que es detener a una persona en flagrante delito para luego entregarla a la policía, que en definitiva lo conduce a la Justicia.
Grupos policiales especiales
Este papel de los militares, que busca la presencia de referentes del Estado en lugares conflictivos y con poca seguridad, se vería complementado por los efectivos de la proyectada guardia nacional, una policía militarizada “como los Grupos Garra”, que hoy está compuesta por la Guardia Republicana y la Metropolitana, y con pocos efectivos. Dijo Saravia que esta fuerza, de 930 efectivos, “deberá a tener al menos 3.000 para accionar en todo el país”, pero que “hay que dotar a la policía de elementos y materiales para cumplir su obligación”.