Opinion | 18 May Lamentablemente, las contradicciones en el partido de gobierno, como la última novela que se mantiene todavía en cartelera respecto a la anulación, derogación, interpretación o vaya a saber qué de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, idas y venidas y retratamiento en el plenario, ocupa días, horas y meses de análisis y discusiones en el seno del gobierno, mientras siguen postergados los grandes temas del país.
Así, mientras para sostener la problemática en el tapete se argumenta la defensa de los derechos humanos respecto a episodios acaecidos hace cuarenta años, sigue pendiente el tratamiento de leyes que refieren a los derechos humanos de todos los uruguayos que cada día somos víctima de la delincuencia, sobre todo como directa consecuencia de la impunidad de que se beneficia la minoridad infractora, y no vemos ni prisa ni mayor interés en el ámbito parlamentario oficialista que se traduzca siquiera en una décima parte del tiempo y dedicación con que se mantiene en el tapete por ejemplo la temática de la Ley de Caducidad.
También ha quedado postergada la propuesta de reforma del Estado, la “madre de todas las reformas” que presuntamente desvelaba al gobierno de Tabaré Vázquez, pero que ante la oposición de las corporaciones de funcionarios públicos y otros grupos que los apoyan en el misma izquierda, no logró avanzar un ápice, al punto que el ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa dijo que de hecho las empresas públicas ya estaban privatizadas, porque pertenecen a los funcionarios públicos que en ellas trabajan.
El punto también fue levantado como bandera por el presidente José Mujica, quien en más de una oportunidad incluso se refirió al tema, pero tras algunos pronunciamientos drásticos sobre la burocracia y otros males dentro del Estado que seguramente merecieron la aprobación de todos los uruguayos, todo quedó en un impasse y en la última oportunidad el jefe de Estado dijo que no haría ninguna reforma que no contara con el apoyo de los sindicatos de los funcionarios, lo que es lo mismo que decir que todo va a quedar como está.
Tampoco se ha manifestado mayor interés en encarar una reforma de la educación que permita por lo menos tener alguna razonable expectativa de que podamos salir en el mediano plazo de un estado de cosas que rompe los ojos en cuanto al deterioro en la calidad de la enseñanza, al punto que los jóvenes llegan a la educación terciaria mal preparados, con serias deficiencias de lectoescritura y notorios problemas de formación.
En cambio es positivo que se haya logrado acordar para sancionar la ley de Participación Público Privada, un instrumento que debería ser fundamental para tener la posibilidad de incorporar infraestructura mediante la concesión a privados que permita mejorar las carreteras, el ferrocarril, accesos a puertos y construir cárceles, entre otras posibilidades.
Esta iniciativa ha generado consenso tras una ardua negociación, e indica que se ha llegado a un grado de madurez en la cultura de gobierno que ha permitido evaluar que se trata de una herramienta indispensable para desafectar recursos del Estado y volcarlos donde realmente no es posible contar con la participación privada, lejos de constituirse en un artilugio capitalista para sojuzgar pueblos desprevenidos.
Por otro lado, otro tema pendiente dentro de las prioridades es in dudas el apuntar a reformas estructurales en el sistema de previsión social, adecuándolo a una realidad en la que al componente de envejecimiento poblacional se suma el de mejora de la posibilidad de extender la vida activa de los futuros pasivos.
Aunque por ahora no hay grandes sobresaltos, en gran medida por un escenario coyuntural favorable de la economía, es indudable que nuestro sistema previsional tiene serias dificultades en su proyección a un plazo por ahora imprevisible, pero que se puede medir en décadas, desde que el envejecimiento poblacional, por una mayor expectativa de vida y la relación activo-pasivo que dista de ser la ideal, solo augura problemas en el monto de las jubilaciones y pasividades de los futuros pasivos, de no abordarse reestructuras que permitan mejorar el pronóstico. Todos estos temas, cuya solución necesita de un amplio consenso político, no ocupan por ahora la agenda de nuestros gobernantes, “ocupados” en dilucidar entuertos en los que ellos mismos se han metido por dejarse llevar por quienes solo buscan revanchismos, generando nuevos desencuentros y consecuencias, en lugar de ocupar el tiempo en trabajar por el futuro del país.