Opinion | 19 May Los últimos hechos registrados en la ciudad de Guichón, donde aparecieron en el basurero municipal 50 latas de endosulfán, un poderoso contaminante persistente prohibido en muchos países por su carácter bioacumulable y alta toxicidad para humanos y animales, volvieron a poner en primer plano la controversia de las aplicaciones fitosanitarias en los cultivos del país, así como la falta de fiscalizaciones efectivas en esta materia.
En Uruguay los datos cuantitativos sobre la contaminación por aplicación de productos fitosanitarios son escasos y generalmente tienen pobre circulación pública. Por otra parte, las autoridades han reconocido que más del 70% de las aplicaciones son realizadas por empresas contratistas registradas y también reconocen las dificultades de contralor que existen en un país que cuenta con 1.300.000 hectáreas de agricultura de secano.
La eliminación en un basurero municipal de estas latas con residuos del poderoso contaminante representa un acto de total irresponsabilidad, al igual que cuando se afectan cursos de agua en los que se procede al lavado o desecho de envases de químicos.
En este caso en particular, los vecinos de Guichón denunciaron el hecho ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente, en tanto que la Alcaldía del lugar radicó una denuncia policial para que también fueran realizadas investigaciones en esta órbita.
Sin embargo, en ninguna de estas dos esferas de actuación pudieron determinarse responsabilidades y la población y autoridades locales se quedaron con el sabor amargo de la dilución de responsabilidades y la falta de una empresa o particular a quien imputársele este irresponsable hecho.
Todo parece indicar que algún mecanismo de control falló puesto que en nuestro país, la venta de endosulfán no solo debe quedar registrada sino que, desde principios de este año debe realizarse bajo la exhibición de “receta”. Así como una farmacia no debe vender ciertos medicamentos sin receta, los comerciantes de productos fitosanitarios --entre ellos los utilizados en plantíos de soja-- tampoco deberían venderlos sin la presentación de la respectiva receta de un ingeniero agrónomo.
Creemos que en un país que abrió sus puertas a este tipo de cultivos en forma masiva, debe necesariamente contar con mecanismos suficientes para evaluar adecuadamente sus impactos y proteger la diversidad biológica de su suelo y, fundamentalmente, la salud de sus pobladores.