Opinion | 20 May Tras haberse encontrado sobre principios de este año unos cincuenta envases del plaguicida endosulfán en el vertedero de la ciudad de Guichón, el informe emitido por la Dinama al respecto asegura que no se ha podido identificar al o a los responsables de esta actitud irresponsable y de potencial agresión contra la salud de la población y al ecosistema.
A través de EL TELEGRAFO se daba cuenta este miércoles que las investigaciones encaradas en su momento por la Dinama y las iniciadas a nivel policial por la aparición de cincuenta envases de veinte litros del producto fitosanitario órganoclorado no permitieron establecer responsabilidades, lo que aparece como poco creíble en un país pequeño como el Uruguay, donde hay pocos misterios a desentrañar en cuanto a la importación, distribución y posterior venta del elemento.
El punto es que tras el trabajo de la comisión específica conformada por la Intendencia para considerar el tema, integrada por jerarcas y técnicos municipales, incluyendo a la alcaldesa de Guichón, tras las correspondientes intimaciones a la comuna y al Municipio de Guichón respecto a las acciones a tomar para eliminar los recipientes tras su retiro del vertedero, y requerir datos a la cooperativa Copagran sobre su “posible vinculación” con los hechos denunciados, así como a la Dirección Nacional de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre las solicitudes de compra de químicos, la Dinama concluyó que no hay elementos fehacientes para identificar a los responsables de los hechos.
A la vez, estableció los pasos a seguir para el retiro del basurero municipal de los recipientes de plaguicidas, indicando el lugar de depósito transitorio y registro fotográfico de lo actuado, además de recomendar las acciones a seguir para la eliminación definitiva del contenido de los envases, en tanto en este caso la investigación de la dirección determinó que la empresa que importó el producto al país ha desaparecido al cambiar de razón social y se ignora si se podrá obtener datos de cómo y a quién se distribuyó el insecticida.
Estos elementos indican que un tema de particular delicadeza se trata con demasiada ligereza y dispersión de responsabilidades en el Uruguay, donde en teoría existen controles que deben aplicarse a rajatabla pero que en los hechos son desvirtuados y no es posible identificar a los transgresores.
En este contexto, está vigente desde enero de este año una resolución del MGAP por la que se hace extensiva la exigencia del uso de receta profesional a los productos fitosanitarios de uso agrícola formulados a base de endosulfán, a la vez que más recientemente, desde el 29 de abril, la Comisión de Estocolmo incluyó al plaguicida dentro de la lista de productos de utilización prohibida, y nuestro país, como la Argentina, es signatario de este acuerdo. Pero aparentemente los recipientes encontrados en Guichón habrían sido adquiridos antes de que esta disposición comenzara a aplicarse, lo que dificultaría en este caso determinar responsabilidades directas.
Lo que a la vez sitúa a la problemática en un contexto mucho más vasto, por fuera de las evidentes fallas en la fiscalización de la Dinama y la falta de conciencia ambientalista del ciudadano medio y de los actores particulares como en este caso, por cuanto en ambas orillas del río Uruguay hay millones de hectáreas de soja y otros cultivos, en los que se usan decenas de toneladas anuales de químicos peligrosos, entre ellos el Endosulfán, y estos productos van desde los suelos a los cursos de agua y finalmente al río Uruguay, con un potencial contaminante que seguramente no lo tendría ni siquiera la acumulación de varias plantas de celulosa como la de UPM Botnia.
Todo indica que siguen ocurriendo en la región hechos de similar o mayor gravedad que los del vertedero de Guichón que no salen a luz, y ello pone de relieve que existe prescindencia de quienes tienen competencias y responsabilidades en los controles.