Opinion | 21 May Recientemente fue removido de su cargo uno de los jerarcas del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), tras la fuga de un grupo de peligrosos menores de un centro que se suponía de alta seguridad --dentro de la relatividad del término para la reclusión de menores por este organismo-- lo que indica, por lo menos en principio, que a nivel del Poder Ejecutivo se está actuando con otra visión en materia de seguridad y sobre todo en lo referido a las frecuentes fugas de menores desde hogares del Instituto.
Sin embargo, desde aquel entonces se han registrado por lo menos otros seis casos de fugas de dependencias del INAU, lo que indica que se estaría actuando con diferentes criterios para evaluar los episodios que se dan en estas dependencias o que se asumió que los problemas no pasan solo por los responsables de estas áreas. El último caso de resonancia en este ámbito fue la fuga desde un hogar del “infractor” apodado “El Ricky”, quien pudo escapar de un centro recientemente inaugurado porque se le proporcionó una sierra para que pudiera dañar los barrotes del recinto.
Ocurre que, de acuerdo a la investigación administrativa, estaría involucrado en los hechos un funcionario al que los menores o sus cómplices mayores pagaron unos cuatrocientos dólares para que se les hiciera llegar la herramienta, y si bien todavía no ha concluido la investigación administrativa y la policial, existe la firme presunción de que ésta es la causa de la fuga.
Por lo tanto aquí no se estaría ante la omisión de un jerarca ni nada que se parezca, sino de un funcionario venal que fue sobornado para que entregara la sierra a fin de que se fugaran los menores. El punto es que cuando salen en libertad este tipo de individuos, se está expuesto a que ocurran hechos muy graves, como es este caso, en el que los “infractores” cometieron seis rapiñas y asesinaron a un guardia de seguridad tras su liberación, lo que pone de relieve una vez más la necesidad de cambiar radicalmente el régimen de seguridad “light” a que son sometidos los menores por medidas reales de contención, a la espera de que de una buena vez se apruebe la creación de un instituto nuevo, que atienda específicamente a los infractores con todas las garantías del caso.