Opinion | 24 May De acuerdo a los datos que surgen del denominado “Barómetro Iberoamericano 2011”, elaborado a partir de encuestas desarrolladas en abril de este año en todos los países de América Latina, Portugal y Estados Unidos, nueve de cada diez uruguayos están insatisfechos con la seguridad, lo que ubica al tope a nuestro país entre las naciones relevadas.
Indica el muestreo que el 60 por ciento de los encuestados uruguayos consideró que la falta de seguridad es el principal problema, lo que convierte al Uruguay en el país con más proporción de personas que opinaron que esto es lo que más les preocupa.
A la vez, la forma de actuar del gobierno respecto a la seguridad es vista de manera crítica por los uruguayos, desde que el 74 por ciento opinó que es mala o muy mala, 17 por ciento ni buena ni mala y el 7 por ciento la consideró muy buena o buena, lo que es un indicativo del alto grado de disconformidad de la población con la respuesta de los organismos del Estado a esta problemática.
Muchos elementos coadyuvan a que la ciudadanía tenga esta visión predominante, pero sin dudas lo que más incide es que ha captado que el tema no figura entre las prioridades del gobierno, que en lugar de buscar soluciones a la creciente inseguridad pretende por un lado, justificarla, mientras por otro se hacen los mayores esfuerzos por cambiar la mala imagen que tiene la población al respecto, mediante comparaciones absurdas con otros países de la región y el mundo. Y es en esto último donde comete el mayor error, puesto que no importa que en México mueran 15.000 personas en un año por la guerra del narcotráfico o que las “maras” tengan el control de ciudades enteras en Centroamérica, sino que el ciudadano común siente que hoy en Uruguay ya no es dueño de salir a pasear por la calle sin pensar en que lo pueden rapiñar, que su casa ya fue robada una o más veces, que no puede dejar su automóvil estacionado en la vereda porque los amigos de lo ajeno lo destrozarán para robarle lo que sea, que su motocicleta probablemente ya no esté en el estacionamiento en que la dejó hace unos minutos, todo lo que hace apenas unos años era impensable. Entonces, no son los crímenes violentos o los más graves los que alimentan esa sensación de inseguridad –aunque por supuesto que alarma el incremento de estos delitos--, sino que el ciudadano se siente vulnerado, indefenso, violentado hasta en sus más íntimas pertenencias, sin respaldo de las autoridades.
Lamentablemente pese a esto sigue manifestándose una reticencia crónica en algunos integrantes del Poder Ejecutivo y parlamentarios oficialistas a considerar las respuestas que la población reclama cada vez con mayor énfasis, por encima de posturas político-ideológicas, porque el ciudadano común se siente amenazado dondequiera que esté, y no encuentra que el Estado realmente lo proteja del desborde de violencia y agresividad de que hacen gala los delincuentes, sobre todo los menores infractores.
En su momento el inicio de la campaña de recolección de firmas del Partido Colorado para plebiscitar la rebaja de la edad de imputabilidad a 16 años fue un disparador para que el gobierno y la oposición acordaran manejar el día 31 de este mes como plazo límite para aprobar en el Parlamento dos o tres proyectos de ley considerados como instrumentos válidos para hacer frente a la inseguridad, incluyendo la creación de un instituto para la contención y rehabilitación de menores infractores.
A una semana del vencimiento del plazo que se dieron los partidos políticos, bajo compromiso en la Asamblea General, para impulsar la serie de leyes prometidas, no hay todavía proyectos redactados ni se han mantenido contactos formales.
Es de esperar que ahora que la discusión por la anulación de la ley de Caducidad ha sido superada, comencemos a dedicarle tiempo a temas como éste, que a diferencia de la mencionada Ley, que le quita el sueño a una minoría dentro del partido de gobierno, la inseguridad nos afecta a todos, mientras para el 74 por ciento de los uruguayos la situación es insostenible.