Frente Amplio no contaba con votos

Nacionales | 20 May La Cámara de Diputados no contaba esta madrugada con los votos suficientes para aprobar el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad, que se encaminaba al fracaso luego que el diputado oficialista Víctor Semproni afirmara que no lo votaría. El debate, que comenzó sobre las 15 y 30, prometía extenderse hasta esta mañana.
Tras meses de marchas y contramarchas y en una sesión considerada histórica, la Cámara de Diputados debatía hasta esta mañana el proyecto para dejar sin efecto la Ley de Caducidad, aprobada en 1986 y que obliga a la Justicia a consultar al Poder Ejecutivo qué casos puede investigar. El debate prometía extenderse hasta las 7 de la mañana, ante la larga lista de oradores –eran 57 los legisladores anotados para hablar 15 minutos--, mientras persistía la incertidumbre sobre la aprobación de un proyecto impulsado por el Frente Amplio pero que depende de la voluntad de un solo hombre: el diputado Víctor Semproni.
La decisión de Semproni --que acudió al Parlamento con un guardia de seguridad-- deja al Frente Amplio con solo 49 votos en la cámara, contra 49 de la oposición, por lo que si todos los legisladores opositores están en sala el proyecto no será aprobado y podría pasar a la Asamblea General, donde necesita una mayoría de dos tercios para su aprobación. El veterano legislador anunció su posición contraria a la iniciativa luego que el presidente José Mujica rechazara el proyecto de anulación advirtiendo que se “le está pasando por arriba a dos plebiscitos” y que si se aprueba la anulación el partido va a sufrir costos políticos importantes. No obstante, en la mañana de ayer, Mujica instó a Semproni a votarlo “por razones de disciplina partidaria” y en aras de la “unidad de acción” del Frente Amplio.
Las argumentaciones pasan por la inconstitucionalidad y el desconocimiento de la voluntad popular que esgrime la oposición, y la necesidad de terminar con la impunidad y cumplir el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de parte del oficialismo. Varios legisladores mencionaron el Pacto del Club Naval, se recordaron los hechos durante la dictadura y aquellos que llevaron a la aprobación de ley de Caducidad.
Los diputados Felipe Michelini por el Frente Amplio, Gustavo Borsari por el Partido Nacional, Fitzgerald Cantero por el Partido Colorado e Iván Posadas por el Partido Independiente, fueron los miembros informantes del proyecto y contaron con 30 minutos para hablar. La ley de Caducidad “es inconstitucional, es violatoria de los tratados internacionales y agrava la situación de las personas sometidas al terrorismo de Estado, al impedirles el acceso a la justicia y la investigación”, destacó el oficialista Felipe Michelini al defender el proyecto de anulación. “Mantener vigente esta ley afecta nuestra dignidad como pueblo civilizado y como nación, y como Poder Legislativo, que permite su permanencia en el derecho nacional”, sostuvo.
En cambio, el nacionalista Gustavo Borsari consideró el proyecto como “un mamarracho jurídico” y sostuvo que no se puede hablar de impunidad “cuando están presos 27 responsables de violaciones a los derechos humanos con esta Ley de Caducidad”.
“No podemos comprender cómo, luego de pedir a la bancada que desactivara este proyecto, el señor presidente de la República diga que hay que mantener la unidad de acción y que se tiene que votar la decisión del Plenario del Frente Amplio. Es el colmo del ‘como te digo una cosa, te digo la otra’”, dijo, parafraseando palabras de Mujica.
Por su parte, el colorado Fitzgerald Cantero también criticó al presidente Mujica por su postura: “¿Qué tiene más valor? ¿Una promesa que no sabemos cuándo la hizo ni a quién se la hizo o el compromiso por su honor que hizo el 1º de marzo ante la Asamblea General, nuestro máximo órgano de representación popular, de respetar y defender la Constitución de la República. Si el señor José Mujica no veta, estará violando además el artículo 158 de la Constitución y el compromiso asumido el día de su investidura”.
Mientras, el independiente Iván Posadas consideró que el proyecto interpretativo “es una clara deslealtad al pronunciamiento de la ciudadanía. Se hace oído sordo al pronunciamiento de la ciudadanía, esa misma ciudadanía que se fue a consultar para promover un proyecto que tenía efectos muy similares a este que hoy se procura llevar adelante por ley”.
Un tenso momento se vivió cuando la legisladora Daisy Tourné respondió a las palabras de la nacionalista Ana Lía Piñeyrúa, quien cuestionó la representatividad del Plenario del Frente Amplio. “El Plenario no representa ni siquiera a los frenteamplistas”, dijo Piñeyrúa. “No puedo aceptar que nadie de fuera de las filas de mi organización política se abrogue el derecho a decirme qué tan representativos son los órganos de mi partido, así como yo no lo hago”, sostuvo Tourné.
En otro tramo del debate, el oficialista Luis Puig afirmó que “la lucha por los derechos humanos no termina esta noche”. “Este debate suena a revancha”, dijo el diputado Juan Carlos Cardoso, y recordó el proyecto de derogación presentado por el Partido Nacional, que no fue analizado por el Frente Amplio. “Viene con un instrumento más complejo que tiene sabor a revancha”, añadió. En tanto, el oficialista Darío Pérez negó que se trate de venganza y le pidió perdón a los frenteamplistas. Señaló que, viendo cuál sería el resultado de la votación, la ley continuará vigente “y en un rincón quedará pisoteada” la Justicia.
FUERA DEL PALACIO
Líderes de sindicatos, militantes del Frente Amplio y familiares de detenidos desaparecidos arribaron sobre las 15 a los alrededores del Palacio Legislativo para escuchar la histórica sesión. Sin embargo, comenzaron a retirarse sobre las 19, hora en que culminaba el paro decretado por la central sindical, al quedarse sin poder escuchar la sesión por radio, luego de que se retirara la camioneta con altoparlantes que se instaló frente al Palacio durante las primeras horas de la concentración.
La actitud de la gente durante la tarde siempre fue tranquila, tanto en las inmediaciones del Parlamento como en las barras de la cámara. El Ministerio del Interior montó un operativo de seguridad, con la participación de unos 30 policías que custodiaron sin inconvenientes toda la zona. Banderas de la central sindical y carteles de detenidos desaparecidos fueron los elementos que más se vieron en el lugar. Muchas personas realizaron largas colas para acceder a los palcos de la Cámara de Diputados y escuchar la sesión, que fue interrumpida sobre las 22 por el presidente de la cámara, Luis Lacalle Pou, quien hizo leer la normativa que señala que quienes realicen manifestaciones a favor o en contra de las afirmaciones de los legisladores pueden ser retirados de la sala.
El representante del Pit Cnt, Fernando Pereyra, dijo que “desde el año 83 los militantes sindicales pintábamos las siluetas de nuestros compañeros desaparecidos y 25 años después de la votación de la Ley de Caducidad el movimiento sindical dice presente en la lucha para derogar la Ley de Caducidad”. Destacó la necesidad de sacar esta ley del ordenamiento jurídico para que los familiares de desaparecidos conozcan los destinos de sus familiares. Consultado sobre la postura de Semproni de no votar el proyecto, sostuvo que era una situación complicada, pero que el eje del discurso del la central sindical va a ser la gente.
El debate parlamentario se desarrolló en vísperas de la Marcha del Silencio, en reclamo de saber el destino de los desaparecidos durante la dictadura. Los organizadores de la marcha indicaron que más allá de lo que resuelva el Parlamento, hoy “no habrá verdad y justicia” y que “con ley o sin ley se podría haber profundizado mucho más” en la búsqueda de verdad y justicia.