Opinion | 22 May Hace apenas pocos días terminó la larga siesta del verano en el Uruguay, un país en el que seguramente hay récord de feriados no laborables para los funcionarios públicos y a los que se agregan las fiestas de fin de año, las licencias y asuetos del verano, la semana de carnaval y luego la de turismo, para empezar recién el año laborable sobre fines de abril o principios de mayo, luego de comentar todo lo que se hizo o no se hizo, mejor dicho, en los días de ocio, y se vence en alguna medida la inercia para dedicarse a hacer los deberes, con menor o mayor dedicación, según el caso.
Pero el país tiene demasiados problemas pendientes, incluso estructurales, a superar y contribuir a que todos mejoremos nuestra calidad de vida y sentemos las bases para que las futuras generaciones no tengan pendiente sobre sí la Espada de Damocles de una economía deteriorada, con pocas oportunidades de empleo decoroso, y se siga manifestando por ejemplo la emigración del campo hacia los centros urbanos, uno de los grandes males que conspira contra el futuro del Uruguay.
Y como tenemos problemas, pese a la favorable coyuntura económica, es hora de que de una buena vez el gobierno asuma que su agenda no puede ser marcada por minorías radicales que pretenden imponer sus concepciones ideológicas, como la reciente instancia parlamentaria en la que finalmente fue rechazada la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que ocupó meses de reuniones, gestiones, enmiendas y tratamientos parlamentarios, al tiempo que se han postergado iniciativas que interesan a todos los uruguayos.
Recientemente el secretario de la Presidencia, Dr. Alberto Breccia, se quejó amargamente de que desde hace meses se encuentra radicada en comisión del Parlamento la iniciativa por la que se crea el Plan Juntos, tendiente a la construcción de viviendas de interés social y que es impulsada por el propio presidente José Mujica.
Este proyecto ni siquiera ha comenzado a tratarse, mientras todos los esfuerzos de los parlamentarios oficialistas se centraron en tratar de sacar adelante el referido proyecto de ley. Ante un déficit habitacional acuciante, que castiga duramente a los sectores de menores ingresos, y a cuya solución es preciso volcar todos los recursos materiales y humanos posibles, esta prioridad dejó de serlo para el gobierno, quedando en un segundo plano ante la “urgencia” en aprobar el proyecto contra viento y marea y el propio parecer del presidente José Mujica, a estar por lo señalado en más de una oportunidad por el mandatario, lo que no habla bien de la cohesión y objetivos trazados desde el Poder Ejecutivo.
Ni qué decir del tratamiento de los derechos humanos de toda la población que es asediada por la delincuencia, cuando un día sí y otro también son asesinados ciudadanos y se suceden robos, arrebatos, rapiñas, con una minoridad infractora que actúa en forma absolutamente impune y que desborda a los organismos del Estado que en teoría deberían encargarse de controlarlo.
Está en carpeta un proyecto de ley presentado por la oposición que supuestamente debía tratarse antes del 31 de este mes, tendiente a la creación de un nuevo instituto para rehabilitación y contención de estos menores que siguen fugándose y burlándose de la Policía y la Justicia, pero su consideración no tiene prioridad ni parece tener importancia a los ojos de quienes siguen ocupados en otra cosa, que llega muy hondo a una minoría, tal vez, pero que no pasa por los problemas que a diario sufre la población.
Tampoco se perciben acciones concretas o siquiera proyectos referidos a una reforma sustancial en la educación, que es un gran tema en el debe, como así tampoco a la creación de empleos sustentables en lugar de los de dudosa duración y calidad que derivan de una mejor coyuntura económica, fundamentalmente.
Estos son realmente aspectos sociales prioritarios, los que preocupan a los uruguayos, el verdadero pueblo, no de una pequeña fracción de ciudadanos que nos marca la agenda por intereses propios.