Opinion | 25 May “El contribuyente es el que paga todo lo que el Estado gasta. Paga lo que el Estado gasta bien y lo que gasta mal. Paga la leche de los escolares (ejemplo que habitualmente pone el fisco) pero también paga el sueldo del mal funcionario público que no trabaja, o del que le entrega la sierra a un menor delincuente para que se escape. Pero como bien dijo Roosevelt, ‘los impuestos son el precio que pagamos a cambio del privilegio de pertenecer a una determinada sociedad’. Por eso los contribuyentes en todo el mundo se juntan en asociaciones apolíticas que tratan de controlar a los gobiernos para que gasten poco y bien. En cambio en el Uruguay nos pasamos pidiendo más presupuesto para todo, como si el dinero naciera en los árboles. Todavía no nos damos cuenta de que el gasto público tiene una conexión directa con nuestra billetera”, reflexionó el Dr. Alberto Varela, integrante del Colegio de Abogados del Uruguay. El profesional evaluó de esta forma el concepto de contribuyente, para el diario El Observador, a partir del proyecto del Poder Ejecutivo de “consagrar” los derechos de los contribuyentes a través de la redacción de una carta específica.
A juicio de los profesionales del derecho especialistas en el tema la iniciativa gubernamental no es en los hechos una carta de derechos del contribuyente, sino que le da un mandato al Ministerio de Economía y Finanzas para que junte en un solo texto las normas que consagran derechos y obligaciones de los contribuyentes, ya existentes.
Varela sostiene que “el problema es que no hay normas legales que consagren derechos de los contribuyentes. Si el proyecto del Ejecutivo sale aprobado va a haber un texto ordenado con decenas de normas que consagran obligaciones y ninguna norma con derechos. Eso no es una carta de derechos del contribuyente”.
La problemática que abordan en este sentido los profesionales del derecho tiene muchas facetas, pero seguramente el punto de partida para cualquier reflexión es la definición de contribuyente que señala el doctor Varela, porque tiene que ver con el qué, el cómo y el para qué.
El Estado, como administrador, no genera recursos propios, sino que administra los que aportan los sectores reales de la economía, que son los que crean riqueza a partir de la conjunción capital-trabajo y que a través de impuestos y cargas sociales destinan gran parte de ese producto a sostener al Estado para que le dé el mejor uso posible.
De ahí que un aspecto sustancial en esta relación parte de que el destinatario de los recursos debe hacer un uso racional del dinero, y someterse sobre todo al control de los que pagan, rindiendo cuentas sobre lo que se hace, cuánto se gasta y cómo.
El punto es que los contribuyentes por lo general se sienten como el pato de la boda, sin derecho al pataleo y resignados en su impotencia para corregir la constante de que el Estado a través del gobierno de turno malgaste recursos que cuesta mucho esfuerzo generar. Es decir que como en todos los órdenes de la vida, debe buscarse un equilibrio que parta de la mayor transparencia posible respecto a la utilización del dinero de todos, y a la vez habilitar canales para demandar los correctivos del caso cuando se asuma por el contribuyente que su dinero se gasta sin ton ni son, sin exigir por ejemplo resultados como condición para seguir recibiendo los recursos que se otorgan.
Y en un país donde lamentablemente hay una fuerte evasión fiscal –algo se ha mejorado en los últimos años, a través de un reordenamiento de la Dirección General Impositiva— porque hay muchos que creen que es una expresión de la tan mentada viveza criolla y no de un delito, debe trabajarse en ambos sentidos, es decir en mejorar sustancialmente los controles y reducir la presión fiscal por la vía de que todos paguemos lo que corresponde. A ello debe agregarse el dotar de instrumentos a los contribuyentes para que puedan obtener reparación cuando sus derechos son vulnerados por los organismos de control.
Es de recibo por lo tanto que expertos de los colegios profesionales hayan redactado un proyecto de estatuto del contribuyente, que establece entre otras medidas un listado de los derechos específicos de los contribuyentes, que incluye por ejemplo el de ser tratado con respeto, el sufrir la mínima intromisión necesaria para la auditoría, el de contar con asesoramiento profesional durante la inspección y el de presenciar los interrogatorios que realiza el fisco, pudiendo hacer preguntas a los testigos que son interrogados.
De lo que se trata en suma es de compatibilizar deberes y derechos, con todas las garantías, pero empezando primero que nada por hacer que el Estado gaste lo mejor posible, que sea eficiente y no dilapide gran parte del dinero de los contribuyentes en el infinito mar de su burocracia, como así tampoco en satisfacer a los que siguen reclamando sistemáticamente mayor presupuesto, sin poner nada de su parte para mejorar la gestión.