Opinion | 28 May En las últimas horas se supo que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, estuvo a punto de renunciar al enterarse por la prensa que el gobierno que integra había decidido modificar el actual régimen tributario, apuntando a gravar con más impuestos a las fracciones de campo de más de dos mil hectáreas.
Es decir que nada menos que el ministro del ramo era absoluto ignorante de la medida que impulsa el mandatario, seguramente con el apoyo de figuras de su entorno, como el titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y que significa un cambio en las actuales reglas de juego.
El punto es que el otro ministro involucrado, el de Economía y Finanzas, Ec. Fernando Lorenzo, tampoco estaba enterado de esta decisión de Mujica, lo que plantea una situación que resulta difícil de digerir, pero que lamentablemente no es la primera vez que se da en la presente administración.
Es cierto, el planteo del presidente es de carácter político y no eminentemente técnico, desde que a juicio del mandatario la tierra se ha valorizado mucho en los últimos años y no hay relación entre lo que se paga al fisco y la evolución en su cotización.
Pero incluso las decisiones políticas que luego deben traducirse en detalles técnicos deberían ser acordadas o por lo menos consultadas con los responsables de las respectivas carteras con competencia en el área. De ahí que sea explicable el malestar de Aguerre por este proceder, en tanto no ha trascendido cual es la visión que tiene Lorenzo sobre el particular, al haber sido ignorado por el presidente y su círculo cercano de asesores y colaboradores.
Esta práctica indica que hay un “teléfono descompuesto” en el Poder Ejecutivo, donde hay ministros que se enteran por la prensa de lo que el presidente tiene en su agenda, lo que no es una buena señal para la población y los operadores que deben tomar decisiones en base a los mensajes que emanan del gobierno.
En la misma línea se operó en el controvertido tema de la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, con marchas y contramarchas, al punto que el jefe de Estado desautorizó a su canciller, a quien le atribuyó actuar por su cuenta, pero catalogando el episodio como una “travesura” que no le costó el cargo, pese a haberlo hecho en dos oportunidades.
Por decir lo menos, es poco serio que se manejen las cosas de esta manera, con tamaña desprolijidad y peor aún, ante la confusión que se transmite gratuitamente al país.