Opinion | 29 May Al hablar en un acto de entrega de tierras a los grupos familiares Guayubira y Cimarrones, en la colonia Misiones Socio-pedagógicas Miguel Soler, en Cerro Largo, el presidente Mujica formuló reflexiones que pueden interpretarse como mensajes hacia adentro y hacia afuera de la fuerza de gobierno, al expresar malestar por las trabas que encuentra a la ejecución de proyectos de cambio, lo que calificó como “palos en la rueda”.
A la vez, sin dar detalles de la iniciativa de aplicar más impuestos al sector agropecuario, el presidente insistió con la propuesta de obtener recursos para financiar planes de colonización. “Nos parece que todos los cambios son un terremoto, el fin del mundo”, dijo en su discurso. “A todo le ponemos el palo en la rueda”, agregó.
“¿De dónde sale la plata? De donde está, sencillamente. Hay que cobrarles algo a los que pueden precisamente solventar y poder tener una política de tierras porque en el Uruguay no se expropia: se compra, se paga”, sostuvo.
Igualmente el proyecto redactado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para aumentar tributos a productores agropecuarios quedó sujeto a la discusión con los ministerios de Economía, Ganadería y de Transporte y Obras Públicas. Mujica estimó que esta posible reforma tributaria para el agro puede recaudar 60 millones de dólares por año.
Sin entrar en la forma del discurso, que incluyó el término de “roñosos” para quienes no se allanan a “pagar unos pocos dólares más por hectárea”, es discutible la propuesta, primero por no haber sido consultada o siquiera informada a sus ministros directamente involucrados, y segundo porque obedece más bien a un impulso “justiciero” para redistribuir riqueza que a un análisis serio desde el punto de vista tributario.
Pero sobre todo porque significa lisa y llanamente cambiar las reglas de juego sobre la marcha, para quien ya encaró previsiones en base a un escenario determinado, en un proceso que lleva su tiempo y luego de haberse invitado una y otra vez a los inversores a radicar capitales en el país, argumentando que en Uruguay hay seguridad jurídica y un muy buen clima para la inversión.
Por supuesto, más allá de la “justicia” puede haber otras explicaciones, porque hay quienes piensan que desde el punto de vista político el mandatario lanzó esta discusión sobre la mesa para desviar la atención de las fuertes disidencias internas de su partido así como de los hechos recientes de público conocimiento. Pero nos quedamos en el aspecto central de que en realidad se trataría de obtener más recursos para el Estado por la vía de la presión fiscal sobre un sector que en teoría está en buena situación por la venta de commodities al exterior.
Ocurre que no todo lo que reluce es oro, y que contar con más de dos mil hectáreas no significa necesariamente que se cuente con una holgada rentabilidad que le permita atender los avatares inherentes a las necesidades de caja del gobierno para llevar a cabo políticas de dudoso retorno y sustentabilidad, por decir lo menos. En pocas palabras, mucha plata no significa alta rentabilidad, por cuanto esta última supone ingresos en relación a los costos, que pueden ser muy altos y por lo tanto, aunque el monto final producido resulta elevado, en relación lo invertido y trabajado puede ser muy poco.
Por otra parte, Mujica lanzó la idea de beneficiar a las familias que viven en el medio rural con una doble asignación familiar por hijo. “No es un tema de solidaridad sino de conveniencia nacional”, agregó el mandatario, en referencia a que el país es y será durante muchas décadas, agro-exportador y en esa condición se debe pensar a la hora de definir políticas sociales.
Mediante este proyecto, que todavía se encuentra en estudio, se apunta a la radicación de familias en el campo. Mujica consideró que el mundo de hoy se aleja cada vez más del medio rural, pero que se debe pensar en las próximas generaciones y “el valor que se pierde cuando la gente de campo tiene que radicarse en las ciudades”.
Este es un planteamiento acertado del mandatario, por lo menos desde el punto de vista conceptual --siempre están de por medio los avatares inherentes a la instrumentación— e incluso está vigente la Ley de Repoblamiento de la Campaña, que contiene elementos orientados al mismo fin.
De todas formas, aún con ser un elemento positivo –que tiene su costo para el erario, naturalmente— es insuficiente por sí solo para retener y menos aún aumentar la población rural, desde que la emigración campo-ciudad es un fenómeno complejo, multicausal, que tiene que ver con la calidad de vida, oportunidades laborales, relacionamiento en sociedad, prestación de servicios y acceso a determinados bienes que resulta mucho más difícil de lograr en el medio rural.
Por lo tanto esta problemática requiere respuestas que tengan en cuenta estos aspectos, lo que requiere intervención del Estado en lo que respecta al aporte de servicios, pero a la vez también en promover condiciones para que se generen polos de desarrollo, que son los que crean empleo, promueven la radicación de familias en el medio rural y traen aparejados focos multiplicadores de actividad, es decir la sustentabilidad que es mucho más importante que el asistencialismo.