Nacionales | 03 Jun El presidente José Mujica dedicó parte de su audición radial a la controversia generada en varios puntos del país por la instalación de la minera Aratirí y lo que implicaría el desarrollo de la industria minera en Uruguay. El proyecto de explotación minera a cielo abierto a cargo de la empresa de capital indio genera polémica en el país y divide a una pequeña zona ganadera entre quienes celebran el aumento del empleo y quienes quieren proteger el equilibrio ambiental.
Una de las preocupaciones que planteó el presidente es la dificultad de “disponer del destino de semejante riqueza, por el hecho circunstancial de ser gobierno”. Si existiese en la Constitución como se usa en otros países, Mujica utilizaría el mecanismo de plebiscito consultivo. “Uruguay no tiene el plebiscito consultivo, donde los gobiernos están en condiciones de hacerles preguntas a la Nación, y a partir de eso toman las decisiones. Temas de semejante gravitación debieran contar con este tipo de mecanismos”, afirmó.
Además, resaltó que hay dos deberes que el Poder Ejecutivo debe cumplir: preservar la naturaleza para los que vendrán pero también mejorar la vida de “todos nuestros compatriotas”. “La tierra que tenemos va a ser siempre la misma. Por eso nos resistimos a tomar al suelo como un solo medio de producción. Para nosotros la tierra no es un fierro. Es mucho más trascendente”, afirmó. No obstante, aseguró que se buscará “la forma de ampliar la participación en esa discusión, y tendremos que tomar decisión, pero que esa decisión incluya los pareceres de la mayor cantidad de gente posible”.
La minera Aratirí --filial local del grupo Zamin Ferrous-- explora desde hace dos años un área de 120.000 hectáreas en la zona de Cerro Chato en busca de hierro. El gobierno aún no autorizó el inicio de la extracción, que se haría sobre 12.000 hectáreas, y pidió un nuevo informe de impacto ambiental, pero las actividades de exploración en la zona ya generaron resistencias. Según el Código Minero vigente --en revisión en el Parlamento-- el Estado se queda con 5% del mineral extraído. Con una inversión prevista de 2.500 millones de dólares, el proyecto de la minera incluye un mineroducto de 200 kilómetros hasta el mar y un puerto de aguas profundas en la costa. Estos otros dos proyectos también son cuestionados por ecologistas preocupados por el impacto que pueden tener sobre áreas protegidas y la zona costera. Pero en Cerro Chato, localidad con 4.500 habitantes, muchos celebran la llegada de empleos y el aumento del comercio. La empresa afirma que la inversión generaría 3.000 empleos en promedio durante la construcción y 1.500 en la etapa operativa, entre la terminal portuaria y la zona minera.
Según Santiago Sotuyo, responsable logístico del proyecto minero, representaría ingresos por 500 millones de dólares anuales al Estado. Actualmente los pequeños emprendimientos mineros en el país --calizas, piedras semipreciosas y oro-- producen unos 12 millones de toneladas anuales. Aratirí prevé una producción anual de 18 millones de toneladas, por lo que la producción minera del país aumentaría 150%. Para el director de Minería, Pier Rossi, el país “tiene que enfrentar un punto de inflexión en el sector minero” y resolver si apuesta al desarrollo minero a gran escala. “El recurso minero es un recurso social. Nosotros somos los que generamos la demanda de los minerales como base de la cadena productiva”, sostuvo. “Es la sociedad la que valoriza ese recurso y es la que tiene que decidir si entrar o no en esta etapa de desarrollo y cómo lo realiza”, añadió.