Locales | 02 Jun La falta de lugares apropiados para el depósito de vehículos automotores, en general motos, fue calificada como “muy grave” por la Intendencia de Paysandú, que gestiona un espacio en predios de una empresa pública que podría albergar “hasta cinco mil motos”. Así lo destacaron el director de Tránsito, Haroldo Canoniero y el de Movilidad Urbana, Jorge Bartaburu.
Actualmente, las “bastante más” de dos mil motos que permanecen en custodia de la Intendencia, tras ser incautadas a sus dueños debido a multas impagas o a deficiente estado mecánico, permanecen en un galpón y un espacio abierto de la Dirección General de Servicios. Pero en los últimos días los espacios disponibles colapsaron, por lo que hay también varias decenas de motos en la Dirección de Movilidad Urbana.
“El problema, como se sabe, se genera en que muchas de las motos incautadas no son recuperadas por sus propietarios, lo que genera una enorme necesidad de espacio para su depósito, el que nunca fue previsto”, dijo Bartaburu, quien acompañó a EL TELEGRAFO a los depósitos de motos confiscadas.
“Es una ecuación económica, claramente”, agregó Bartaburu. “Hay motos con elevadas multas, otras sin empadronar y cuando el estado de conservación es malo, entonces no les parece conveniente pagar todo, poner todo en regla, por un vehículo que vale poco”, agregó.
Una inspección en el lugar permitió determinar que efectivamente hay muchas motos sin empadronar y también muchas que han sido modificadas, ya sea para correr picadas o para aumentar el sonido de los caños de escape, entre otras circunstancias. Muchas motos tienen el chásis, pero carecen de los protectores plásticos y se nota cómo el motor ha sido también modificado. La situación es “muy grave, especialmente en el depósito abierto que tenemos en la Dirección de Servicios. Ese lugar está previsto sea techado y entregado al Cecoed (Centro Coordinador de Emergencias Departamentales), que lo quiere usar como depósito de elementos que podrían ser usados rápidamente ante una emergencia. De hecho nos han pedido el lugar, pero realmente no sabemos a dónde trasladar esas motos, en su mayoría en mal estado de conservación”, explicó Bartaburu.
Canoniero, sobre este tema, destacó al ser consultado por EL TELEGRAFO que “estamos haciendo negociaciones con una empresa pública que tiene predios en Paysandú, para que nos otorgue un espacio en comodato, un gran espacio, donde por ejemplo podríamos acomodar unas cinco mil motos”.
También de la Policía
La situación en algunas comisarías de Paysandú es similar en cuanto a la cantidad de motos y bicicletas que han quedado en estado de abandono. Pero además, la Policía transfiere a la Intendencia de Paysandú aquellos vehículos abandonados que no poseen causa judicial. “Las motos que resultan destrozadas en accidentes o las que por alguna razón incauta la Policía, y no tienen causa penal, entonces nos son transferidas y engrosan en número muy elevado que ya tenemos nosotros”, indicó Bartaburu. Por otro lado, la situación, aunque obviamente en proporción, “se repite en los municipios y juntas locales. Ahí somos nosotros, desde Paysandú, los que vamos a realizar procedimientos, incautamos vehículos, especialmente motos, y luego se los derivamos al Municipio o Junta Local, para que trate de cobrar lo que se adeuda y entregarlas”.
“En todos lados la situación es muy grave. En todo nuestro departamento y en todo el país”, subrayó el director de Movilidad Urbana.
Salida legal
Como fuera informado en su momento, existe un proyecto de ley, actualmente en la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Diputados, que habilita a los ministerios de Interior, Transporte, y a las intendencias, a rematar vehículos retirados de la vía pública que no sean reclamados por sus propietarios.
El proyecto fue presentado por cinco diputados integrantes de la referida comisión, cuatro del Frente Amplio (Jorge Pozzi, Gonzalo Del Toro, Guzmán Pedreira, Julio César Fernández) y uno del Partido Nacional (Pedro Saravia), y ha contado con el apoyo de algunas juntas departamentales, y la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev). La norma dará seguridad jurídica, especialmente a las intendencias, para efectuar subastas públicas con vehículos recogidos en la vía pública por diferentes infracciones, y que no sean reclamados por sus dueños en unos 60 o 90 días, punto en el que no se ha llegado aún a una decisión.
ANTECEDENTE LEGAL
El 9 de diciembre de 1980, el Consejo de Estado (órgano legislativo de la época) aprobó la ley 15.086, que tras retornar un gobierno democrático al poder, en 1985, lo convirtió en Decreto-Ley, por Ley 15.738, que habilitaba a las intendencias a vender los vehículos que se encuentren abandonados en la vía pública.
Si bien no se trata de un instrumento legal directamente vinculado a la incautación de vehículos por deficiencias mecánicas o multas, es una ley que sirve como antecedente. Refiere a los vehículos que sean abandonados en la vía pública y establece un procedimiento de advertencia al propietario que figura en el Registro de Automotores, el traslado a un depósito y el posterior llamado a remate público, en un plazo de sesenta días.
Tras recuperar la Intendencia todos los gastos causados por el remate y la comisión del rematador, el producido líquido se depositará en la Tesorería Municipal a nombre y a la orden del propietario, según conste en el Registro. En cambio, si existiera embargo o prenda sobre el vehículo subastado, el producido líquido será depositado a la orden del Juzgado y bajo el rubro de los autos judiciales en que se decretó el embargo o del acreedor prendario en la Sección Depósitos y Retenciones Judiciales del Banco de la República Oriental del Uruguay.