Opinion | 08 Jun Finalmente las urnas dieron su veredicto inapelable en el Perú, y ha sido ungido presidente en reñido balotaje el candidato indigenista Ollanta Humala por sobre Keiko Fujimori, quien llevaba sobre sí el estigma su de su padre, quien cumple prisión por haber sido condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción durante su mandato.
Lamentablemente, los peruanos, con un nivel de crecimiento anual que supera abiertamente al de Uruguay, por ejemplo, se encontraron con que resultaron calificados para el balotaje los dos extremos de la gama política de su país, donde además no hay partidos fuertes, al punto que el Premio Nobel de la Paz y ex candidato presidencial Mario Vargas Llosa –derrotado en su momento precisamente por Fujimori— sostuvo que los peruanos debían optar entre candidatos tan malos como el cáncer y el Sida, nada menos.
Nos encontramos con que un país que ha tenido un fuerte crecimiento de la mano del gobierno de Alan García, respetuoso de la institucionalidad democrática, tuvo elecciones generales con las fuerzas de centro divididas en tres candidatos, que no tuvieron la grandeza de resignar intereses político electorales, por lo que entregaron lisa y llanamente la elección a los dos extremos, en lugar de acordar una opción de centro que seguramente iba a contar con la mayoría de la adhesión popular en un balotaje en ese país.
En el dilema de hierro que se presentaba para esta segunda vuelta, confirmando los pronósticos, nos encontramos con un país prácticamente partido en dos mitades ideológicamente enfrentadas y con un gobierno que deberá apelar a integrar una coalición para poder contar con mayorías parlamentarias que le permita gobernar.
Es que en la primera vuelta de la elección presidencial las cosas se dieron de tal manera que ni siquiera el balotaje, que brinda una segunda oportunidad a los votantes para optar por el candidato que prefieren entre dos opciones, o en su defecto, salirle al paso del que les causa más rechazo, fue una buena solución, por cuanto resultaron electos para esta segunda instancia los candidatos con mayor rechazo en el electorado, por lo que evidentemente el sustento político de quien saliera presidente iba ser muy precario y lo obligará seguramente a negociar y tener cintura política para generar condiciones que le permitan llevar adelante sus políticas sin meterse en un embrollo político-institucional.
Lamentablemente, los antecedentes de Ollanta Humala no son los mejores y debe tenerse presente que sus simpatías por el régimen autoritario de Hugo Chávez le impidieron en 2006 obtener la mayoría frente a Alan García. En esta oportunidad, asesorado por consejeros brasileños cercanos al gobernante Partido de los Trabajadores, ha optado por asegurar en la campaña electoral que su gobierno será lo más parecido posible al de Lula en la nación brasileña y adelantó que no buscará la reelección, que cree en los mercados, en los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y Colombia y hasta se puso la corbata durante sus giras de campaña.
Los mercados, en cambio, hasta ahora no han creído mucho en esta reconversión de Humala, y es sí que las bolsas cayeron estrepitosamente más de un quince por ciento al otro día de la elección y si no siguieron cayendo fue porque cerraron para que no se viniera abajo la estantería, en una reacción que puede considerarse natural de agentes económicos que no creen en la propuesta pero sobre todo en el cambio de Ollanta Humala respecto a lo que afirmaba en el pasado reciente.
La mitad del electorado prácticamente no cree que Humala pueda cumplir con las promesas de estabilidad y visión realista de las cosas, y que éstas son un disfraz para ocultar su vocación de llevar el país a un socialismo a lo Chávez en Venezuela o a lo Evo Morales en Bolivia, lo que solo podrá desentrañarse con el paso del tiempo.
Pero como a todo nuevo mandatario ungido por el mandato popular, corresponde abrirle una cuota de crédito ante el desafío de regir los destinos del país incaico, y augurar que éste continúe por la senda del crecimiento, con plena vigencia de las instituciones democráticas y reafirmando el estado de derecho que es garantía contra los desbordes de autoritarismo y mesianismos que tanto dolor han causado a los pueblos latinoamericanos.