Opinion | 12 Jun El largo conflicto sindical de los funcionarios del Registro Civil en nuestro país está generando una serie de perjuicios y contrariedades a ciudadanos que necesitan determinados documentos para realizar diferentes trámites. La medida gremial se desató por una serie de reivindicaciones de los funcionarios, que por lo tanto no anotan para casamientos ni entregan partidas de nacimiento.
El pasado miércoles el diputado nacionalista Antonio Chiesa, manifestó su preocupación en el Parlamento sobre la afectación de este conflicto en la atención de la salud de los recién nacidos y realizó un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Salud Pública tras denunciar que en el ámbito de la salud pública existe un “retraso y a veces la imposibilidad de inscribir en las mutualistas o servicios de salud correspondientes, a los bebés”.
En su pedido Chiesa explica que pasados los 30 días de atención en el centro de asistencia donde el bebé nació quedaría “sin atención médica formal, al no poder obtener la Partida de Nacimiento necesaria y a su vez no poder tramitar la Cédula de Identidad, que habilita la inscripción en una mutualista y tener la atención médica requerida”.
La preocupación es lógica puesto que la identidad y atención de la salud son derechos humanos fundamentales y también incluidos entre los primeros de la Convención de Derechos del Niño.
Si bien desconocemos el alcance de la situación denunciada por el parlamentario, resulta inadmisible que un solo niño uruguayo resulte rehén de un conflicto gremial y no obtenga acceso a estos dos derechos fundamentales en una etapa crucial de la vida.
Como es sabido, los recién nacidos deben realizarse varios controles médicos durante el primer mes de vida. En esta etapa los controles son más intensivos y los niños son revisados a los 7 días, a los 15 días y al mes porque se debe observar si está cicatrizando bien o no la herida del cordón umbilical, si el niño se está alimentando bien sólo con el pecho materno, si el aumento del peso es el que debe ser; en definitiva, si está creciendo bien.
La denuncia realizada por el parlamentario es por lo tanto algo muy serio pues implica la existencia de una grave vulneración de derechos, situación que de estar ocurriendo, debe ser corregida de inmediato por las autoridades competentes.