Opinion | 11 Jun El año pasado el Poder Ejecutivo efectuó el lanzamiento del denominado Consejo Sectorial de Energías Renovables, presidido por el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, con el objetivo de promover acciones para aprovechar al máximo la potencialidad de la energía solar y eólica, así como la producción de biomasa y combustibles, en tanto este año aprobó un decreto para cumplir con la meta de sumar como mínimo 200 megavatios de generación eléctrica con biomasa. Para ello ofrece un precio mínimo de 92 dólares el megavatio hora, que puede llegar hasta los 107 según la modalidad de contrato, pero hasta ahora no se ha presentado ningún interesado.
Este vacío de potenciales inversores al llamado implica una sensible pérdida de tiempo y dinero para un país que está apostando a las energías renovables, teniendo en cuenta que no contamos con petróleo ni reservas de gas y no hay a la vista posibilidad de grandes emprendimientos hidroeléctricos en nuestros ríos, ya en el límite de capacidad de generación.
Sin embargo, el director nacional de Energía, Ing. Ramón Méndez, en declaraciones al diario El País, evaluó que hay “varias empresas que están trabajando en la presentación de nuevos proyectos”, por lo que por ahora no está previsto introducir modificaciones a ese decreto.
Empero, los que sí se han manifestado al respecto son los operadores privados que producen energía con biomasa, quienes advierten que en este esquema de precios el negocio es poco atractivo por no ofrecer rentabilidad, lo que da por tierra con la esencia de cualquier llamado que encare el Poder Ejecutivo y la propia UTE, que ya ha tropezado con esta piedra.
Esto pone en evidencia la dualidad de conceptos que maneja el Gobierno y UTE, que mientras por un lado pagan fortunas por energía extranjera o en petróleo y gas para producir en las usinas térmicas nacionales –todo lo cual representan cuantiosas divisas que se pierden--, por otro cuidan el vintén cuando se trata de pagar la energía auténticamente nacional de fuentes renovables.
Méndez dijo respecto a este último llamado sin interesados que de corregirse los precios “el Estado terminaría reasegurando el negocio a las empresas. Para nosotros los números cierran; de hecho hay empresas que iniciaron sus proyectos con un precio menor al que fijó el decreto a posteriori”.
Este razonamiento peca de un excesivo simplismo y cae por el peso de los hechos, por cuanto si el negocio es tan bueno y las condiciones tan ventajosas, la suerte de la licitación mencionada habría sido otra y no esta total indiferencia de los potenciales inversores.
El jerarca igualmente reconoció que algunas empresas han transitado por un período de aprendizaje que ha llevado a que los proyectos no produzcan la energía que estaba planificada en un principio, lo que se traduce en el no retorno de la inversión.
Según datos de la Administración del Mercado Eléctrico (ADME) en abril se esperaba que los generadores con biomasa volcaran en promedio 30 megavatios por día a la red de UTE, pero solo produjeron el 33 por ciento de esa energía a la fecha.
Pero más que aprendizaje el problema ha sido de evaluación de costos, por los precios avaros que insólitamente ha fijado el Poder Ejecutivo, cuando paga por energías que importa valores muy superiores, en tanto prácticamente en todos los países, en forma directa o indirecta se subsidia la producción con energías renovables como una apuesta estratégica que por lo visto en Uruguay cuesta mucho asumir y financiar.