Opinion | 15 Jun El ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, junto a los subsecretarios de Economía y Finanzas, Pedro Buonomo, y de Transporte, Pablo Genta, presentó en las últimas horas a un grupo de legisladores oficialistas el borrador final de la reforma del transporte ferroviario, en una iniciativa que entre otros aspectos propone transferir el mantenimiento de las vías férreas a la actual AFE, crear una dirección técnica para que desde el MTOP se regule toda la actividad del sector y autorizar al Poder Ejecutivo a crear una empresa de transporte ferroviario en la que puedan participar inversores privados.
El secretario de Estado ratificó además que el proyecto cuenta con el aval del presidente José Mujica, por lo que existe cierta expectativa de que el oficialismo pueda procesar la propuesta en un tiempo razonable y potenciar una herramienta que ha faltado desde hace décadas y que resulta fundamental en un Uruguay que aspira a vender servicios logísticos, pero que además necesita imperiosamente este medio en la coordinación intermodal para la salida de las producciones de gran volumen y bajo valor relativo.
Debe tenerse presente que el presidente Mujica prometió en la campaña electoral, y lo reiteró en más de una oportunidad, que antes de terminar su gobierno reactivará el ferrocarril uruguayo, e incluso cuando estuvo hace poco tiempo en Piedra Sola, en el límite entre Paysandú y Tacuarembó, donde inauguró las obras de reparación de la vía que llega hasta Rivera, reafirmó el compromiso con la reflexión de que “es seguro que va a haber ferrocarril”.
Claro que una cosa es tener la voluntad política de hacerlo –lo que es fundamental-- y otra el lograr los consensos dentro de su fuerza política, que cuenta con mayoría parlamentaria para aprobar las leyes que sean necesarias --en este caso sería un decreto-- ,ante una fuerte oposición sindical, sobre todo de los funcionarios nucleados en el sindicato de AFE, con respaldo de las corporaciones de empleados estatales, que se oponen a toda innovación que signifique pasar a un régimen privado o que el Estado pierda espacios en el área que sea.
El encuentro del ministro Pintado con los legisladores frenteamplistas sigue a una situación que molestó a los parlamentarios del gobierno, generada porque la semana anterior desde la Presidencia de la República y el Ministerio de Transporte se dio a conocer públicamente el proyecto oficial, presentándolo como una decisión tomada cuando aún quedaban instancias de negociación.
Este proyecto contempla que AFE conformará con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) un nuevo operador de propiedad pública que se regirá por el derecho privado, mantendrá sus cometidos esenciales y será el responsable de construir, rehabilitar y mantener las vías férreas, un mecanismo que sin embargo ya ha levantado resistencias en algunos legisladores, que en esencia pasa por el hecho de que el Poder Ejecutivo procura crear una empresa pública bajo el derecho privado.
Para varios legisladores frenteamplistas opuestos al proyecto, AFE debe ser dueña de toda la infraestructura ferroviaria y también hacerse cargo de toda la operativa de transporte, lo que significará avanzar poco y nada respecto a la actual situación, en que la gestión por el Estado ha sido determinante para que el organismo pierda no menos de 18 millones de dólares al año, que salen del bolsillo de todos los uruguayos, a la vez de no cumplir con el cometido fundamental de participar activamente en el traslado de cargas de productos primarios, como la madera y los granos, hacia los puertos de salida.
Es decir que sería como seguir tirando plata a un barril sin fondo el invertir en recuperar el ferrocarril para mantenerlo en manos del Estado, que es probadamente ineficiente como empresario, al instalar su infame burocracia en la gestión.
Pero el interés de Ancap en participar en el nuevo esquema del ferrocarril, teniendo en cuenta que podría exportar cemento al Brasil por tren, y a la vez transportar biocombustibles, permitiría un buen apoyo para que el Poder Ejecutivo pueda contar con respaldo económico para esta iniciativa, a lo que es imprescindible evolucionar hacia una participación privada, y usufructuar el instrumento que constituye la Ley de Participación Público Privada (PPP) en aras de este y otros emprendimientos que coinciden con el interés general, en lugar de responder a intereses sectoriales que suelen defenderse por las corporaciones.