Opinion | 18 Jun Finalmente, con el voto de los legisladores del Frente Amplio y de Alianza Nacional, la Cámara de Diputados aprobó el miércoles el proyecto de ley por el cual se mantienen por dos años los antecedentes de los menores infractores después de cumplir la mayoría de edad, en caso de que hayan cometido delitos graves (secuestro, rapiña, violación, homicidio y/o copamiento), en base a una negociación que se había establecido entre el oficialismo y la oposición y que se fue desgajando a medida que se procuró ajustar en detalle el articulado.
El tratamiento de este tema se había postergado en tres oportunidades, debido primero al proceso de la frustrada ley interpretativa de la Ley de Caducidad en el oficialismo y luego por desencuentros en la fuerza de gobierno para encontrar puntos de coincidencia entre las alternativas manejadas, desde que varios sectores del oficialismo han mantenido una cerrada reticencia a mantener los legajos de los menores infractores para que un juez pueda determinar si efectivamente se está ante una persona reincidente en la comisión de delitos graves.
En esta consideración parlamentaria, en las respectivas votaciones fueron desechados los proyectos alternativos del Partido Nacional y el Partido Colorado que pretendían conservar los antecedentes de los menores por un plazo indeterminado, desde que seguramente dos años es un plazo efímero si estamos ante delincuentes que por determinado tiempo logran evitar ser detenidos, aunque hayan cometido varios delitos, y al cabo de los dos años quedarán limpios, como un ciudadano que nunca ha tenido problemas con la ley, tal como ocurre hasta ahora.
Esta “devaluación” del proyecto original tiene por lo tanto sus bemoles y dista del ideal, desde que mientras se mantienen los antecedentes para cualquier ciudadano, no ocurre lo mismo para menores que muchas veces son protagonistas de feroces hechos de sangre, haciendo gala de total desconsideración hacia la vida de sus semejantes, y que aparecerán como “primerizos” en una nueva comparecencia ante la Justicia.
En torno a este proyecto el diputado herrerista Gustavo Borsari consideró que “el proyecto del Frente Amplio es un ‘saludo a la bandera’, puesto que le deja al juez la potestad de decidir si se contempla o no el antecedente de un menor en el momento de dictar la sentencia. Esto no va a servir para nada y tendremos otra vez el problema aquí en nuestra sociedad”.
Por supuesto, todo es relativo cuando se lo contextualiza, y al fin de cuentas el mantener los antecedentes por dos años es mejor que lo que tenemos ahora, cuando a los 18 años se destruye por ley todo el legajo de los menores, aún del más cruel asesino, y que es otra gran falencia de nuestra legislación, por cierto.
Mientras tanto, también hace pocos días fue aprobada la creación del Instituto de Rehabilitación de Menores, por el que se aspira a concretar un ámbito de contención y de tratamiento específico de los menores infractores. Esto coincide con el reclamo desde sectores opositores, que incluso han promovido a través de una iniciativa por el Partido Nacional, junto a otros elementos que configuraban un “paquete” tendiente a poner al día la legislación para afrontar la problemática de la minoridad infractora, pero esta propuesta también fue “lavada” en el acuerdo con el oficialismo y solo se logró incorporar la creación de este instituto con algunas limitaciones.
Lo más preocupante es que por lo menos en principio –esperamos que no se eternice-- el organismo quedará en la esfera del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), es decir que será gestionado por los mismos funcionarios de esta dependencia, la que ha fracasado rotundamente en la contención y rehabilitación de la minoridad infractora.
Es impensable que pueda tener éxito una iniciativa a través de esta instrumentación, desde que al no separarse en institutos independientes tratamientos de problemáticas que son absolutamente diferentes, estamos promoviendo el fracaso de antemano de una idea que recoge además el sentir de la enorme mayoría de la población uruguaya, jaqueada por la delincuencia y sobre todo por los desbordes de menores que actúan en forma absolutamente impune, como vemos y sufrimos en la calle todos los días.
También es hora de que se atiendan planteos como el del senador aún frenteamplista, Jorge Saravia, en el sentido de incorporar un sistema que por un lado se centre en primarios, al que llama servicio agrario obligatorio, integrado por cárceles granja, de forma que los menores que delinquen por primera vez “trabajen, estudien y se recuperen, con una disciplina muy especial”, así como instrumentar por otro lado un sistema de máxima seguridad especial para los menores peligrosos consecuentes.
Estos serían recluidos en unidades militares, también sometidos a un régimen de trabajo, mientras se espera que dentro de varios años, en el mejor de los casos, den sus frutos las políticas sociales presuntamente dirigidas a que se reduzca sustancialmente el problema de la minoridad infractora.